El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta reclaman medidas para ayudar al mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectadas por los paros del transporte y la ausencia de reparto de sus suministros.
Su presidente, José Blas Fernández Sánchez, indicó que en los despachos profesionales de los graduados sociales se ha encendido la voz de alarma por parte de pequeños negocios, sociedades y trabajadores por cuenta propia que, al no estar recibiendo sus suministros, se han visto obligados a paralizar la actividad.
En este sentido, estos operadores jurídicos del orden social y expertos en materia laboral, reclaman la adopción de medidas extraordinarias, en concreto Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE’s) de Fuerza Mayor. “Un amplio espectro de negocios: comercios, talleres, alimentación, suministros, servicios, gasolineras, agricultura, ganaría, depende de la cadena de distribución para poder operar. De otra manera, sus empleados están brazo sobre brazo, sin actividad, lo que grava a estos empresarios con costes que no producen nada”, destaca el presidente.
“Desde el respecto a las legítimas reclamaciones de los transportistas, el Gobierno también debe poner el foco en el goteo de empresas que están reduciendo o parando su actividad, con la consiguiente caída de ventas, cuando además afrontan el encarecimiento de las materias primas, la electricidad y los combustibles”, señala.
“Ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias y efectivas, como la aplicación de regulaciones temporales de empleo y otras decisiones que garanticen justicia social de trabajadores y empresas, como ha demostrado la pandemia”, añade.
El presidente de los Graduados Sociales recuerda que los despachos de estos profesionales reciben “los primeros avisos de que una situación ajena a las empresas les amenaza seriamente, como este conflicto al que se debe poner fin de manera negociada”.
