Una treintena de propietarios de parcelas fuera de ordenación aguardó la llegada de la Policía Autonómica y de la Guardia Civil para la identificación o precintado de sus terrenos. Se trata una nueva actuación de la Junta de Andalucía en suelo arcense a través del Servicio de Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo para intervenir en parcelas de carácter ilegal o irregular, ya que este proceso comenzó hace meses en todo el término municipal, donde han proliferado las construcciones y parcelaciones al margen de la Ley.
En esta ocasión las fuerzas de seguridad se dirigieron a uno de los numerosos caminos que existen junto al centro ocupacional Juan Candil, la zona que oficialmente recibe el nombre de Pago Padre Vidal (popularmente conocida como La Soledad). Cada calle sin asfaltar de esta zona tiene 32 propietarios, con lo cual hay afectadas más de cien familias porque existen al menos cinco calles en el lugar. De hecho, la Junta ya ha avisado de nuevas inspecciones a otros vecinos.
La Policía Autonómica y la Guardia Civil estuvieron además acompañados de técnicos de la compañía Endesa, supuestamente para levantar acta por enganches eléctricos no permitidos, mientras que los afectados estuvieron acompañados por su abogada.
Las parcelas suelen tener 500 o mil metros cuadrados de superficie y supuestamente fueron delimitadas ilegalmente para su venta, partiendo de una gran finca. Aunque una mayoría se ha utilizado para pequeñas construcciones y huertas, en otros casos se han construido grandes chalés.
Este proceso se viene produciendo desde el año 2016. Si bien los afectados consideran que se les avecinan duras sanciones económicas -ya se ha emitido alguna por valor de hasta 900.000 euros-, también eran conscientes cuando compraron los terrenos de que la situación de éstos era irregular. Este caso se está produciendo junto a la carretera Arcos-El Bosque, pero también en otros diseminados como El Charcón, Amigos del Árbol, El Romeral y en tantas otras zonas donde se ha construido o parcelado de manera irregular.
Cabe recordar que todo el proceso de inspección y de sanciones está recayendo en la Junta de Andalucía al esgrimir en su día el Ayuntamiento de Arcos que no tenía medios técnicos para vigilar el segundo término municipal más amplio de la provincia por detrás de Jerez. Sin embargo, el Ayuntamiento solicitó a la Junta recientemente recuperar las competencias sobre la inspección de parcelas en el término municipal, ya que ahora considera que tiene más medios técnicos y humanos para estas tareas de vigilancia y control. Sin embargo, el pasado viernes la propia Junta confirmó al Ayuntamiento que no le devuelve esas competencias. Así lo explicaba el alcalde de Arcos, Isidoro Gambín.Sólo en Arcos se calcula que existen alrededor de 2.000 viviendas y parcelas ilegales, siendo en este sentido un claro ejemplo de dejadez tradicional frente a una situación que definitivamente se escapa de las manos a las administraciones públicas. En algunos casos se trata de auténticos pequeños poblados que con el tiempo han ido demandando al Ayuntamiento servicios como suministro de agua potable y energía eléctrica.
