El colectivo ‘Feministas 8M’ lleva un año denunciando ante las administraciones y la opinión pública el “grave atentado a los derechos, las libertades y a la capacidad de decidir de las mujeres de la provincia de Jaén”, que “no pueden abortar ni en hospitales públicos, ni en clínicas concertadas”. Así lo denuncian Juana Peragón, Dulce Nombre Galán y Teresa Ávalos, que señalan la “absoluta dejadez de todas las administraciones”, pues desde 2010, con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), “se está produciendo una grave anomalía para las mujeres de Jaén”.
Ante la exposición del “problema”, la respuesta de las instituciones ha sido “de auténtica sorpresa porque desconocían esta realidad”, afirman, a la vez que denuncian “discriminación”. “Si hay una Ley para las mujeres que les garantiza el derecho al aborto, por qué en la provincia de Jaén no se cumple”, dicen.
Según un informe jurídico de la Consejería de Salud y Familias remitido a Feministas 8M “no hay discriminación para las jiennenses a la hora de ver garantizado su derecho al aborto, a pesar de que no hay ninguna clínica concertada en la provincia, ni hospital público que lo practique”. A pesar de que se da “esta grave discriminación, no hay ni un céntimo de euro público destinado a paliar esta situación, de manera que las mujeres de Jaén que quieren practicarse una IVE y tienen que desplazarse a otras provincias (Córdoba, Granada o Sevilla, dependiendo del estado de gestación), no tienen ningún apoyo institucional, ni de asesoramiento, ni acompañamiento, ni económico”.
Según estadísticas, cerca de 700 mujeres de Jaén tienen que irse a otra provincia para abortar. “Obligarte a salir fuera de tu provincia es una barrera importante a la hora de que las mujeres jiennenses puedan ejercer su derecho en igualdad de condiciones con otras del territorio español”, valoran.
A la vez, denuncian que es “una realidad sensible y aún estigmatizada” y que “hay mujeres que viven situaciones espeluznantes de desamparo cuando tienen que practicarse un aborto, por la atención desdeñosa que reciben de “profesionales sanitarios y servicios sociales”. Otra respuesta de la Administración es que “todos los equipos profesionales son objetores de conciencia”.
Señalan: “El derecho individual de objeción no puede ponerse por delante de los derechos de las mujeres, conseguidos con mucha lucha. No entendemos que en Jaén objeten todos los equipos de profesionales sanitarios. Con la Reforma de la Ley de 2010 se puede solucionar si se hace un Registro de Objeción de Conciencia”.
Exigen una “formación transversal en todos los ámbitos de la profesión sanitaria” y señalan que “desde las facultades de Medicina no se está formando a los médicos en la práctica de la IVE, a pesar de que hay recursos en la Universidad y en la sanidad pública para que la IVE se realice en todas las provincias”.
El Comité de Eliminación de Discriminación a la Mujer ha incluido en su informe sombra para la ONU la denuncia de Feministas 8M, que espera que los organismos oficiales obliguen al Estado a subsanar esta “carencia” con la Reforma de la Ley de 2010.
