El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) reclamó hace justo un año a los gobierno autonómicos de Andalucía, Asturias, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Navarra, Región de Murcia y País Vasco la actualización “sin más demoras” del catálogo ortoprotésico del Sistema Nacional de Salud (SNS) conforme a la normativa común aprobada en 2019. Al fin la Junta lo acaba de hacer, pero el resultado, según la responsable de Cermi Andalucía, Marta Castillo, “es insuficiente”.
La Consejería de Salud y Familias mantiene la exención de aportación; el corsé de Málaga (que se usa para las lumbares y toracolumbares); el tipo de bastón de aluminio entre las muletas de codo con soporte en antebrazo, que en 2020 fueron 24.874 a un importe inferior a los nuevos tipos de muletas del catálogo común, a 7,70 frente a 23,82 euros; y las ortesis de pie en piel, silicona, plastazote, EVA, materiales texturizados y otros, con o sin memoria de descarga, según prescripción específica del facultativo para patologías complejas, con un importe de 72 euros.
Por otro lado, el catálogo elimina las cánulas de traqueotomía, que al ser adquiridas y proporcionadas por el hospital a partir de ahora disminuirá los costes, teniendo en cuenta que las 982 prescripciones el año pasado están valoradas en 86.993 euros. Y, además, los centros también facilitarán otros productos, seleccionando al proveedor, como prótesis de restauración facial, salvo las prótesis oculares y corneales; las prótexis maxilares; los recambios de componentes externos de implantes auditivos; y otros recambios de componentes externos de implantes quirúrgicos.
Y, por otro lado, se suscribirá un único convenio por empresa para todo el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), dado que actualmente se cuentan 4.874 firmados por los hospitales andaluces con 432 compañías, se reordena la participación de las ortopedias en los turnos de atención a pacientes hospitalizados y se fijan unas condiciones mínimas de accesibilidad geográfica y plazo de respuesta en la toma de medida y elaboración del producto.
Sin embargo, Castillo lamenta que la Junta no haya atendido a la petición de mejora del producto, de manera que el paciente obtenga un producto comunicado a la oferta del Sistema Nacional de Salud de importe superior abonando la diferencia. “Hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos son muy rápidos”, surbaya.
Tampoco se han tenido en cuenta otras propuestas de Cermi como que el técnico ortopédico sustituya el producto prescrito por otro de igual tipo, la posibilidad de renovarlos siempre que sean necesarios o mejorar los importes máximos de financiación y la bajada del 10 al 4% de IVA.
Castillo lamenta, especialmente, que no se haya tenido en cuenta ninguna de las aportaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva. Susana Rojo, técnico de la Federación Andaluza de Familias de Personas Sordas (Fapas), advierte de que “las prótesis auditivas son las únicas para las que se contempla un límite de edad en su adquisición, algo que no ocurre en ninguna otra discapacidad”, incluso en el caso de los implantes cocleares. “La persona sorda que es usuaria de audífonos lo sigue siendo tenga los años que tenga”, subraya.
Rojo recuerda que según la encuesta EDAD actualizada a 2020 por el Insituto Nacional de Estadística (INE) indica que en España se cuentan 4,3 millones de personas mayores de 6 años con algún tipo de discapacidad, de los cuales, más de 1,2 millones tienen una discapacidad auditiva, y el 98% comunica en lengua oral.
“Se estima en 490 los nuevos casos de sordera profunda diagnosticados al año en España”, añade. Estos disponen de ayuda irrisorias por parte de las administraciones, “puesto que el audífono debe tener unas prestaciones que no tiene aque que puedes adquirir con dicha ayuda”.
“Hay que tener en cuenta que el coste puede superar los 4.000 euros y que, en cualquier caso, tiene que asumirlo el usuario si tiene más de 26 años”. Además, el mantenimienot de las prótesis suponen un gasto que también lo afrontan las familias porque hay límites, igualmente, para la renovación y/o compra de componentes y de pilas y baterías.
Rojo apunta un agravio más: las personas con sordera en un solo oído ni siquiera tienen rechoa a una prestación, al margen de la edad, y aunque sea necesario que utilice un audífono.
