Así lo indicó ayer el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, en una rueda de prensa en el Ministerio de Igualdad, en la que ha hecho un balance de la evolución de la violencia machista desde enero hasta el 12 de abril de 2010, en el que hasta el momento las víctimas ascienden a 19.
Esta cifra podría superar la veintena si Igualdad confirma el caso de Zaragoza del pasado domingo, que como dijo Lorente, “todo apunta” a que obedeció a violencia machista, y el de Madrid, en el que otra mujer falleció ayer presuntamente apuñalada por su ex pareja.
De las 19 víctimas mortales confirmadas hasta el momento, tres han sido asesinadas en enero, cuatro en febrero, seis en marzo, y otras tantas en abril, mientras que en 2009, en el primer mes del año no hubo ningún asesinato, cinco tuvieron lugar en febrero, lo mismo que en el mes siguiente, y en abril, dos.
El delegado del Gobierno ha lanzado un mensaje de que en la violencia de género “no está todo hecho” y a pesar de que las cifras en comparación con el año anterior son más elevadas, no se pueden interpretar como una “tendencia” y se encuentran “cercanas” a la media.
Aseguró que atajar la violencia machista es posible pero para ello, se requieren acciones en lugar de pensar que la ley por sí sola llegará “a cada uno de los rincones”.
Insistió una vez más en la necesidad de que las mujeres y el entorno tanto de la víctima como del agresor denuncien los malos tratos, porque en lo que va de año se aprecia un descenso del número de denuncias entre las mujeres fallecidas.
Ofreció un guión a seguir en caso de violencia de género para que tanto las víctimas como su entorno y el de los agresores no minimicen la violencia, no confíen en los maltratadores y no adviertan de que van a terminar la relación sentimental.
Los profesionales, igualmente, deben actuar con criterios profesionales y deben hacer uso de los recursos existentes.
En este sentido, ha resaltado la importancia de que los dispositivos de GPS destinados a mantener alejados a los agresores de las víctimas sean utilizados en casos de gravedad ya que, según ha dicho, ninguna de las mujeres fallecidas que había presentado denuncia y con orden de protección en vigor tenía uno.
El dispositivo GPS que portan las mujeres y sus presuntos agresores permite detectar la distancia en la que ambos se encuentran y avisa en el caso de que se traspase lo establecido por los jueces.
Lorente dijo que hay tres factores que influyen en el juez a la hora de tomar la decisión de que la mujer lleve o no esta pulsera: el conocimiento del propio dispositivo; los informes de valoración de riesgo y la polémica de las denuncias falsas que ha generado más vulnerabilidad de la víctima y cuestionan la gravedad de su situación.
