El mercado inmobiliario de la provincia de Cádiz resiste ante los efectos de la situación de incertidumbre y las causas estructurales que afectan a este sector, según se desprende del Barómetro GICA del primer semestre de 2023, elaborado con la información suministrada por las 100 agencias de esta asociación de gestores inmobiliarios.
“Las situaciones estructurales que lastran nuestro mercado no se corrigen, y en algunos casos empeoran, pero el trabajo profesional de las agencias inmobiliarias hamantenido activos, durante este primer semestre, niveles de actividad, de oferta y demanda, en línea constante”, asegura Begoña Gómez, presidenta de GICA, que está al frente de esta asociación de agencias inmobiliariasque cooperan entre sí con una bolsa común de propiedades gestionadas en exclusiva compartida. GICA es el principal operador del mercado inmobiliario de la provincia de Cádiz gracias a este sistema de agrupación de agencias.
Según este barómetro del primer semestre de 2023, realizado bajo una encuesta de GICA a sus asociados, el comportamiento del mercado está en un nivel de fortaleza entre aprobado y notable, que comparten el 64,9% de las agencias. Un 27% estima que, entre una calificación de 1 a 10, el mercado mantiene un nivel 7 de fortaleza; el mismo porcentaje entiende que no se dan estas circunstancias y creen la situación general no llega a 5.
Begoña Gómez sostiene que “la situación de inseguridad e inestabilidad económica se compensa por una demanda de viviendas que, en nuestras agencias, son mayoritariamente de residencia habitual para sus compradores, en un 71,6% de las operaciones y de origen puramente local en el 54,1%. Asimismo, las agencias situadas en costa gestionan una gran demanda de segunda residencia de origen nacional e internacional.
Para convertir este sector en un foco de pujanza económica y ampliar el círculo de valor alrededor de la compraventa de viviendas, Begoña Gómez afirma que se deben corregir cuestiones macro y micro. Entre las primeras, “ampliar la base de demandantes a tramos de edad más tempranas, porque los jóvenes no consiguen las condiciones para poder convertirse en propietarios. Este factor, unido a la inversión de la pirámide poblacional y el incremento de la edad media en la provincia, por encima de los 40 años, acorta progresivamente la demanda local de viviendas en propiedad”. Otros factores son regulables mediante cambios normativos y regulatorios, como los tipos de interés que lastran la capacidad de financiación a largo plazo de los demandantes de viviendas habituales.
“Las administraciones y partidos políticos tienen también la llave para convertir a las agencias inmobiliarias en verdaderos profesionales al servicio de una necesidad de la sociedad, como es el derecho a la vivienda, considerándonos como parte esencial del mercado, estableciendo normativas que impidan la competencia desleal y el intrusismo, la falta de rigor y excelencia en el proceso de compraventa, las debidas garantías para vendedores y compradores y la estabilidad de precios”.
El rango medio de venta de este centenar de operaciones inmobiliarias en este primer semestre de 2023 se sitúa mayoritariamente entre los 100.000 y los 200.000 euros, un 62,2%, seguido del 17,6% de compras por debajo del umbral de los 100.000 euros. Begoña Gómez sostiene que este dato demuestra que el mercado mayoritario de la provincia está ocupado por familias de clase media. Un pequeño porcentaje de las operaciones realizadas en este semestre superan los 400.000 euros.
Cada una de las agencias agrupadas en GICA mantuvieron el ritmo de la obtención de los encargos por parte de los propietarios que desean vender sus casas. Las agencias asociadas suman 1.038 viviendas de las que entre el 75 y el 100% son encargos de venta de segunda mano. Todas las propiedades pasan por un control de calidad y garantía documental antes de ser aceptadas en el mercado de venta de GICA.
En lo relativo a los precios de venta, el 40,5% de las agencias de CIGA han operado este primer semestre sin variaciones respecto a 2022, y el 35,1% vendieron con cantidades incrementadas que no llegaron al 10%.
Begoña Gómez defiende el papel de los operadores inmobiliarios y organizaciones como GICA, “sin los que no funcionaría el mercado, que no olvidemos debe garantizar el acceso a la vivienda como un derecho constitucional. Solicitamos un marco legal claro y estable que proporcione seguridad y certidumbre en las transacciones inmobiliarias, evitando cambios normativos frecuentes que pueden generar inseguridad y afectar la inversión”.
Por otro lado, “demandamos una mayor implicación por parte de las administraciones públicas para estimular la construcción de viviendas y agilizar los trámites burocráticos relacionados con el desarrollo inmobiliario. Esto implica la simplificación de los procesos de obtención de licencias y la reducción de la carga administrativa para los promotores, así como medidas fiscales que estimulen la inversión en vivienda, tanto para la construcción de nuevas viviendas como para la rehabilitación de existentes”.
Los datos demuestran que “es necesario mejorar las condiciones de acceso a la financiación para la adquisición de viviendas, especialmente para los jóvenes y las personas con ingresos más bajos. Esto implica la promoción de políticas que faciliten el acceso a hipotecas asequibles y la creación de programas de ayuda a la compra de viviendas”, agrega la presidenta de GICA.
