Hace bien el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla reclamando con vehemencia una participación decisiva de Andalucía en el debate sobre el presente y el futuro territorial de España. Ya lo dije la pasada semana y lo repito: nuestra tierra se juega mucho en las próximas semanas y en los próximos meses, y debe ser un contrapeso a las ansias soberanistas y siempre asimétricas de los nacionalistas catalanes y vascos. Ahora bien, mientras la futura configuración territorial del Estado y el reparto de los recursos se dilucidan, la Junta andaluza no debería descuidar la ingente gestión que le corresponde al frente del ejecutivo autonómico.
Es hasta cierto punto razonable que el futuro político inmediato del país, tras el endiablado resultado electoral de las generales, opaque cuestiones que abrirían portadas andaluzas e incluso nacionales en cualquier otra coyuntura o periodo. Con todo, estos asuntos ni están muertos ni están superados por mucho que ahora algún consejero o delegado de turno esté solventando con relativo éxito la sordina impuesta por los acontecimientos.
Por ir a casos concretos, ¿a qué presión mediática, política y medioambiental se enfrentaría el Gobierno de mayoría absoluta del Partido Popular por su disparatada Ley para ampliar los regadíos de Doñana hasta ahora ilegales si la prensa y el arco parlamentario no estuviera volcado en las negociaciones de los dos grandes partidos con Vox, Junts, Ezquerra Republicana de Cataluña, PNV y Bildu.
Otro de los correctivos que está driblando la Junta es la situación cada día más deteriorada de la sanidad pública andaluza con los médicos de nuevo levantados en armas y con unas listas de espera insoportables, de cuya publicación nos están privando a los ciudadanos pese a la Ley de Transparencia. También hay materia digna de análisis en el cierre de 300 unidades escolares este curso, casi 2.000 desde que gobierna el PP, con un incremento, por consiguiente, de las matriculaciones en la enseñanza concertada en detrimento de la pública. O deberíamos saber, con una comparativa por años, los números de la Ley de Dependencia cuya opacidad empieza a ser ya clamorosa.
También están sorteando en la Consejería de Fomento las explicaciones oportunas del inaceptable retraso de año y 10 meses en la aplicación del Bono Alquiler Joven desde que el Gobierno central transfirió 70 millones de euros a la Junta para 17.000 jóvenes que solicitaron su ayuda de 250 euros mensuales para poder emanciparse. Son ejemplos todos ellos de que hay vías de agua en la gestión de la Junta que bien haría en comenzar a tapar porque ningún debate territorial en España acabará con estos problemas.
