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Almonte y Gobierno se reúnen para avanzar en el convenio del reparto de fondos de Doñana

ALMONTE (HUELVA), 29 Ago. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, y Emilio Rodríguez Merino, director de la Oficina Técnica de Doñana, coordinadora del Marco de Actuaciones para Doñana del Gobierno de España, se han reunido este jueves junto a sus equipos para abordar los proyectos que serán objeto del convenio entre ambas administraciones para su financiación.

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  • Doñana -

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, y Emilio Rodríguez Merino, director de la Oficina Técnica de Doñana, coordinadora del Marco de Actuaciones para Doñana del Gobierno de España, se han reunido este jueves junto a sus equipos para abordar los proyectos que serán objeto del convenio entre ambas administraciones para su financiación.

En total, serán ocho millones de euros los destinados al consistorio almonteño, obtenidos de los Presupuestos Generales del Estado, que sufragarán estos proyectos tras su aprobación el pasado martes en el Consejo de Ministros.

Según ha indicado el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en una nota, ambas partes han avanzado en la descripción de las inversiones que estarán orientadas al impulso de empleo y de turismo sostenible, a saneamiento y abastecimiento de agua, y a eficiencia energética en edificios públicos. Los proyectos se especificarán para su firma en el convenio bilateral antes de finalizar el presente año.

El director de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, ha destacado la importancia del trabajo administrativo y técnico que "a la hora de la verdad permiten un buen entendimiento" para objetivos que "son comunes", como es "lograr la compatibilidad del desarrollo de las comunidades locales y la protección de Doñana".

"Estamos encontrando proyectos muy interesantes en todos los municipios que visitamos, y el caso de Almonte no ha sido una excepción. Los proyectos permitirán una inversión diversificada y eficiente que será beneficiosa para todos los almonteños" añade Rodríguez, quien insiste en "la enorme satisfacción que supone la colaboración entre el Gobierno de España y la administración más pegada al territorio, como son las entidades locales".

Fue este mismo martes cuando el Consejo de Ministros dio el visto bueno al Real Decreto que aprueba la concesión directa de 70 millones de euros para financiar proyectos locales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del Marco de Actuaciones para Doñana.

La vicepresidenta Teresa Ribera, impulsora del plan que contempla una inversión total de 706 millones de euros, fue la encargada de anunciar la aprobación en rueda de prensa desde Moncloa. Consideró que este Real Decreto es "un paso más en el compromiso del Gobierno con Doñana", derivado, ha recordado, del acuerdo con la Junta de Andalucía para que "renunciara a la Ley de regularización de regadíos ilegales que ponía en riesgo la viabilidad de Doñana y esquilmaba los recursos del ecosistema de Doñana".

El reparto de fondos, establecido según criterios de superficie de Doñana y número de habitantes que atesora cada localidad, dispone de 8 millones de euros para Almonte; 5,9 millones para Aznalcázar, Hinojos, La Puebla del Río y Sanlúcar de Barrameda; y otros 5,6 millones de euros a disposición de Moguer.

Por su parte, 4,1 millones de euros de financiación se destinará a cada uno de los restantes municipios del ámbito, que son Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado y Villamanrique de la Condesa.

Según reza en el propio Real Decreto, las actuaciones y proyectos municipales a financiar deben favorecer "la innovación, el empleo y el emprendimiento, y la diversificación económica en los ámbitos de la economía circular, el ciclo del agua, la eficiencia energética, la movilidad sostenible, la renaturalización y la creación de infraestructura que permita el desarrollo sostenible del territorio".

En cualquier caso, estos proyectos deben asegurar que no se afecta negativamente a las condiciones medioambientales de la zona y garantizar además hasta cinco años de uso manteniendo los fines descritos por cada proyecto.

 

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