La totalidad del equipo de Gobierno configurado por Partido Popular (PP) y Alternativa Independiente Progresistas (Ai-Pro) que gobernó Arcos entre 2011 y 2015 se somete a juicio desde esta misma semana y durante al menos dos más en la Audiencia Provincial de Cádiz por un presunto delito de prevaricación; es decir, por el caso de supuesto enchufismo de trabajadores vinculados a los distintos concejales enjuiciados, personas afines a estos partidos e incluso familiares que fueron contratados para prestar servicio en varias delegaciones municipales.
Se trata del exalcalde José Luis Núñez; sus entonces primeros tenientes de Alcalde Sebastián Ruiz y Manuel Erdozain, y siete concejales más junto al interventor municipal de la época, José Antonio Fernández de Álava. Ninguno de ellos ejerce actualmente cargo público alguno a excepción del citado interventor.
Si bien la Fiscalía Anticorrupción había pedido que todos fueran condenados por un delito continuado de prevaricación, para el exalcalde había solicitado una condena por prevaricación por omisión. Según Fiscalía, los entonces delegados y el alcalde dieron luz verde a determinados contratos en el Ayuntamiento sin procedimiento legal alguno, “sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad exigidos en la Constitución”.
El escrito de Fiscalía apunta a que se concedieron contratos desde el Gobierno municipal sin criterio técnico alguno o informe que los avalara, aunque sí con la supuesta complicidad del interventor de la época, habilitado nacional que hoy presta servicio en otro ayuntamiento gaditano, al que Fiscalía acusa de “posición pasiva” ante los contratos irregulares, dejando de emitir informes o no poniendo reparo alguno a los contratos.
El ‘modus operandi’ de estas contrataciones era mediante un decreto de Alcaldía que hacía responsable a su delegado de Personal, que a su vez admitía las propuestas de contrato de sus compañeros delegados que así presentaban a sus respectivos aspirantes.
Del escrito de Fiscalía se destacan casos como el contrato a un cuñado del alcalde como carpintero, o los once contratos que supuestamente ordenó Manuel Erdozain desde el área de Urbanismo, incluyendo el del redactor del PGOU que nunca llegó a aprobarse. Otro de los empleados era sobrino de la delegada de Servicios Sociales.
El concejal delegado de Cultura habría propuesto la contratación nuevamente y en varios meses como carpintero del cuñado del exalcalde, además de otras personas y al hijo del delegado de Turismo como monitor deportivo, como limpiadora a la hija de la delegada de Servicios Sociales, o también como monitores a los sobrinos de otros dos concejales. Incluso la sobrina del alcalde como limpiadora de un centro educativo… Por su parte, la delegada de Jédula propuso la contratación de dos sobrinos como peones de mantenimiento y socorristas, además de a un compañero de Ai-Pro como pintor. También se habrían beneficiado de los contratos personas allegadas a los ediles de Fiestas y Medio Ambiente, en el último caso a través de la empresa mixta Ecoreciclajes como peones en su planta y trabajadores de parques y jardines.
Según el informe de Fiscalía, estos contratos fueron autorizados por la Delegación de Personal con “pleno conocimiento”. Así, hasta un total de nueve contratos sin justificación, actuando además “en connivencia” con el resto de acusados y en particular con el alcalde José Luis Núñez, que no se opuso en ningún momento.
Las posibles penas
El exalcalde y sus concejales afrontan un delito de prevaricación continuada, por lo que Fiscalía propone que sean condenados a inhabilitaciones para empleo público de entre seis a 12 años. El exalcalde se enfrenta además a otro delito prevaricación por omisión. En total puede ser condenado a veinte años de inhabilitación.
Cabe recordar que la querella fue interpuesta particularmente por el entonces concejal socialista Joaquín Macías Reyes en septiembre de 2014.
