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La mayoría de las viviendas de El Albarracín entrarán en el Plan Especial del Consistorio

Gran participación en la charla sobre el decreto de viviendas en suelo no urbanizable

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  • Charla sobre las viviendas. -
Abundante público asistió en la tarde de ayer, miércoles, a la charla que se ofreció en el Edificio Diego Salinas sobre el reciente decreto autonómico sobre viviendas edificadas en terrenos no urbanizables. Se trataba de despejar dudas respecto a dicha normativa y sobre cómo puede afectar a los más de 1.000 inmuebles de estas características que se estiman en el término municipal de San Roque, gran parte de ellos concentrados en la zona de El Albarracín.

Por parte del Ayuntamiento, ofrecieron información el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y un técnico de la Delegación de Urbanismo, mientras que desde la Junta de Andalucía participaron el consejero de Gobernación, Francisco Menacho, el delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, y el subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino.


Si bien en la charla se plantearon diversos asuntos, gran parte de la misma la ofreció Pablo Lorenzo y versó sobre la situación en la que quedará El Albarracín. En resumen, se puede indicar que la inmensa mayoría de esas viviendas podrán ser incluidas en el Plan Especial que impulsa el Ayuntamiento, lo que supondría su regularización. El primer edil animó a los propietarios de las mismas a que aporten documentación en la Delegación de Urbanismo (Plaza de Espartero) para iniciar los trámites pertinentes.

Eso sí, los mismos propietarios de los inmuebles deberán asumir el coste de las infraestructuras necesarias (carreteras, canalizaciones, alumbrado...), si bien el alcalde apuntó que el Ayuntamiento solicitará ayudas a otras administraciones para mitigar en parte ese desembolso de los particulares.

El Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía se aprobó a principios del pasado mes de enero, y establece tres situaciones distintas: edificaciones aisladas, asentamientos urbanísticos (como El Albarracín) y hábitat rural diseminado. En los dos últimos casos, le corresponde al Ayuntamiento, a través del PGOU, el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.

En declaraciones recientes, el alcalde explicó que la Delegación Municipal de Urbanismo cuenta con información sobre unas 500 viviendas edificadas en suelo no urbanizable, a pesar de que la estimación es que el número total supera las mil. Tan sólo no podrán ser regularizadas las que contravengan la normativa de la Junta de Andalucía, como las que se ubiquen en zonas inundables o en terrenos naturales protegidos.

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