Esto es un hecho que muchos empleados, tanto de pequeñas como de grandes empresas, conocen aunque se imponga, en muchas ocasiones, la Ley del Silencio. En tiempos de crisis como los actuales, la conservación del puesto de trabajo y la necesidad, tanto para el propio trabajador como para sus patrones, de garantizar la viabilidad de las empresas, lleva a falsear la realidad de cara a la opinión pública y las autoridades competentes.
El secretario comarcal de Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO), José Gavilán, dio parte de que cada vez son más habituales estas prácticas en diversas empresas del Campo de Gibraltar, y que ello les ha obligado, una vez que han tenido conocimiento de un accidente de estas características, a transmitir verbalmente a Inspección de Trabajo sus sospechas, lo que en ocasiones ha dado lugar a una investigación que ha esclarecido los hechos.
Motivos económicos
El motivo de que las empresas adopten estas prácticas es muy sencillo, evitar inspecciones que conlleven sanciones. Cuando se produce un accidente laboral, y tras la preceptiva atención médica a través de la empresa mutualista, la empresa está obligada a emitir un parte y transmitirlo por vía telemática a través del llamado Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Sistema Delta).
Dependiendo de la gravedad del accidente, se acortan o alargan los plazos para la presentación de estos informes. En casos de accidentes leves, el informe se eleva al sistema Delta, y llega hasta la autoridad laboral con la intermediación de empresas mutualistas autorizadas.
En caso de accidentes graves, muy graves (con consecuencia de muerte) o con cuatro o más trabajadores, según la información pública presente en la web de la conocida mutualista Ibermutuamur, es cuando la empresa debe llevar a cabo una gestión adicional, que es la comunicación directa a la Inspección de Trabajo en un plazo máximo de 24 horas desde el siniestro.
En esa comunicación, se citarán la razón social de la empresa, la identificación de los afectados y una descripción detallada del accidente y del lugar donde este tuvo lugar.
Según explicó José Gavilán, es en estos últimos casos cuando, en la práctica, se llevan a cabo las investigaciones por vía de oficio de la Inspección de Trabajo, que pueden conllevar sanciones, en algunos casos bastante cuantiosas.
Reconocimiento
El falseamiento de estos informes sobre accidentes de trabajo, que según Gavilán cuentan a veces con la connivencia de las mutuas y, desgraciadamente, de los propios trabajadores, es un fenómeno reconocido recientemente en la última reunión mantenida en Cádiz con el Gabinete de Seguridad y la Delegación Provincial de Trabajo, donde lo ratificó, según indicó el sindicalista, el propio inspector de Seguridad y Salud, Pedro Cano.
Cano indicaba que, efectivamente, de los casos de los que habían sido avisados, en ocasiones habían investigado y que habían detectado bastantes empresas que realizaban estas prácticas.
Gavilán mencionó que esta es “una práctica a nivel nacional” y quiso dejar claro que hay que ser muy cauto, dentro de una empresa, a la hora de emitir un accidente, puesto que “todo accidente, aunque sea leve, se puede convertir con el tiempo en un siniestro grave. Un tropiezo fortuito con un golpe en la rodilla con el tiempo puede producir una patología importante”, recordó.
Gavilán puso de manifiesto que actualmente Inspección sanciona los casos en que, finalmente, se incurre en negligencia laboral cuando se comprueba que son graves, aunque indicó que estos errores, intencionados o no, en la calificación, no están penados como tales.
Por último, Gavilán manifestó también que las mutuas, a las que considera a veces cómplices de la minimización de las consecuencias de los accidentes, “tienen que curar las patologías y enfermedades, pero desgraciadamente están al servicio de los empresarios y no de los trabajadores”.
Ocultación total
A veces, las empresas van incluso más allá de la simplificación del accidente, hasta el punto de ocultarse por completo. “Conozco empresas, y de gran volumen y relevancia, en las que a los trabajadores que sufren accidentes les hacen ir a trabajar y simplemente sentarse en una silla para que no se manifieste que ha habido un accidente”. También denunció el caso habitual de que “con el brazo escayolado, he visto a gente ir a trabajar”.
Los trabajadores son los más perjudicados. Cuando al accidentado le acaba quedando un cierto grado de invalidez, “no puede demostrar que estuvo accidentado.El trabajador lo acepta porque si no lo haces estás en la calle o no te valoran”, se lamentó Gavilán.
