La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, constituida por once localidades de las provincias de Cádiz y Sevilla y dirigida a la disolución, celebra este miércoles una nueva comisión de gobierno, toda vez que el Ayuntamiento de Utrera ha acordado ya abandonar la institución, el Consistorio de El Coronil reclama que se consume ya su disolución y liquidación y la Administración local de Los Palacios y Villafranca sopesa también salir de este organismo sumido en un grave colapso financiero.
La comisión de gobierno de la institución, de la que forman parte los alcaldes de los municipios asociados, ha sido convocada para la tarde de este miércoles, según ha informado a Europa Press Jerónimo Guerrero (PSOE), primer edil de El Coronil y miembro de la propia comisión de gobierno. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Utrera, gobernado por Francisco Jiménez (PA) en coalición con el PP, ha acordado abandonar la institución, mientras el Consistorio de El Coronil ha aprobado por unanimidad una moción de Alcaldía que insta a la disolución de la Mancomunidad y propone además promover la salida de este organismo en el que caso de que se prolongue su extinción.
LOS PALACIOS NO DESCARTA ABANDONAR
El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU-IP), ha dicho a Europa Press que también sopesa promover la salida de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. "Estamos analizando las opciones que podemos tomar. No descartamos salir de la Mancomunidad y esta alternativa está ahora más cerca que en otro momento", manifestaba recordando los compromisos adoptados por la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández (PSOE), en cuanto a la disolución de la institución y la liquidación de los compromisos de pago aún pendientes por este organismo.
Y es que como señalaba el concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno de Utrera, José Hurtado (PA), cada mes que transcurre sin que se afronte la disolución de la entidad "puede suponer un coste en torno a los 40.000 euros para las arcas municipales", recordando que la propia comisión de gobierno de la institución apuntó su disolución en una sesión celebrada el pasado 22 de febrero. La institución, de cualquier modo, adeuda numerosas nóminas a su plantilla, ha decretado el cierre de la planta de reciclaje instalada en Utrera, así como de su vaso de vertidos, y promueve un expediente de regulación temporal de empleo para los empleados de estas últimas instalaciones.
La comisión de gobierno de la institución, de la que forman parte los alcaldes de los municipios asociados, ha sido convocada para la tarde de este miércoles, según ha informado a Europa Press Jerónimo Guerrero (PSOE), primer edil de El Coronil y miembro de la propia comisión de gobierno. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Utrera, gobernado por Francisco Jiménez (PA) en coalición con el PP, ha acordado abandonar la institución, mientras el Consistorio de El Coronil ha aprobado por unanimidad una moción de Alcaldía que insta a la disolución de la Mancomunidad y propone además promover la salida de este organismo en el que caso de que se prolongue su extinción.
LOS PALACIOS NO DESCARTA ABANDONAR
El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle (IU-IP), ha dicho a Europa Press que también sopesa promover la salida de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. "Estamos analizando las opciones que podemos tomar. No descartamos salir de la Mancomunidad y esta alternativa está ahora más cerca que en otro momento", manifestaba recordando los compromisos adoptados por la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández (PSOE), en cuanto a la disolución de la institución y la liquidación de los compromisos de pago aún pendientes por este organismo.
Y es que como señalaba el concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno de Utrera, José Hurtado (PA), cada mes que transcurre sin que se afronte la disolución de la entidad "puede suponer un coste en torno a los 40.000 euros para las arcas municipales", recordando que la propia comisión de gobierno de la institución apuntó su disolución en una sesión celebrada el pasado 22 de febrero. La institución, de cualquier modo, adeuda numerosas nóminas a su plantilla, ha decretado el cierre de la planta de reciclaje instalada en Utrera, así como de su vaso de vertidos, y promueve un expediente de regulación temporal de empleo para los empleados de estas últimas instalaciones.
