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Aqualia llevará definitivamente el servicio de aguas en 25 años

El Gobierno considera “la mejor oferta” por el elevado canon y las inversiones previstas. El PSOE prefiere ser cauto hasta tanto no se resuelva el contencioso de la empresa Gestagua

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  • Momento en que el Gobierno votaba a favor de la concesión a Aqualia. -

El Pleno municipal dio el visto bueno definitivo a la concesión del servicio de aguas a la empresa Aqualia, que gestionará los próximos 25 años el ciclo integral, con lo que, por primera, vez se unifican el abastecimiento y depuración de aguas residuales.


El grupo socialista votó en contra utilizando los mismos argumentos que en el debate anterior, desde la subida de la tarifa de forma progresiva durante los próximos años hasta la existencia de un recurso interpuesto por la multinacional Gestagua -anterior concesionario-, que no ha compartido los criterios del proceso.


Por su parte, el Gobierno ha defendido la repercusión de la concesión para los ciudadanos, ya que se realizarán inversiones muy importantes para mejorar las infraestructuras hidráulicas (4,5 millones de euros), además de ingresar en el Ayuntamiento 7,5 millones  en concepto de canon.
El grupo socialista le pidió al Gobierno que explique con claridad en qué va invertir los 2,5 millones de euros que por lo pronto ingresará Aqualia el próximo año como adelanto, a lo que el ejecutivo respondió que, por desgracia, hay que hacer frente a numerosas deudas, entre ellas a la de la Policía Local y a la mantenida con los trabajadores de Ecorreciclajes, así como al pago de 700.000 euros que el anterior gobierno dejó a deber a la empresa constructora del IES Guadalpeña, cuya reclamación implica incluso peligro para el patrimonio personal del actual alcalde, José Luis Núñez (PP) sin que éste haya tenido nada que ver con el asunto.


En los prolegómenos de la sesión, el alcalde aludió al informe favorable del servicio jurídico municipal y a la oferta presentada por Aqualia como la más ventajosa para los intereses municipales. En este sentido, ya se ha comprobado que la mencionada multinacional está en disposición de cumplir con el servicio al estar, además, al corriente de sus obligaciones legales con el Estado.


El  grupo socialista, en esta ocasión con la portavocía del concejal Julio Delgado, se retrajo del voto favorable al entender que el recurso planteado por Gestagua puede condicionar en el plano legal el paso dado por el Ayuntamiento, además de la anteriormente citada subida de tarifas. Pero sobre todo puso el acento en rogar al Gobierno una total transparencia en su explicación de la inversión que realizará la empresa en el Ayuntamiento, cuestionándose si servirá únicamente para pagar deudas, “plus y complementos”, y atrasos frente a planes de empleo y políticas sociales que requieren los arcenses en estos momentos. A estas alturas del debate, el alcalde le recriminó que se ciñera al fondo de la cuestión, aunque le reprochó que, tal vez, el dinero de la concesión del agua sirva para pagar los presuntos desaguisados económicos dejados por los socialistas, entre ellos el pago de la mencionada obra del instituto Guadalpeña.


En su defensa del punto, el portavoz de Ai-Pro, Manuel Erdozain, pidió unanimidad política de los grupos frente a los hipotéticos beneficios de la concesión, pero rechazó los argumentos socialistas al indicar que el anterior gobierno subió la tasa del agua hasta en un 70 por ciento en base, exclusivamente, a los intereses de la empresa Gestagua, sin que ello reportara ninguna inversión o mejora de infraestructuras.


Para ello recurrió a la hemeroteca de este periódico y las declaraciones de la entonces alcaldesa, Josefa Caro, justificando el “apretón” de la empresa concesionaria del abastecimiento de agua potable.


A partir de ahí, Erdozain se reiteró en las inversiones que tendrá que realizar Aqualia los próximos años en base al pliego de condiciones del contrato, y que van a percibir particularmente zonas como las barriadas rurales, El Santiscal y Las Canteras.
En semejantes términos, el portavoz del PP, Sebastián Ruiz, tildó el proceso de transparente desde que se inició el 11 de noviembre de 2011.


Ruiz reprochó en un momento dato que el anterior gobierno no consiguiera poner en marcha la inversión de Diputación de la depuradora de aguas residuales de Jédula por un aparentemente sencillo problema de cotas de altura, como ejemplo de la ineficacia en el desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas. Como segundo ejemplo, citó que tampoco dentro de la posibilidad de haber mejorado esas infraestructuras, no se ha atajado las inundaciones de El Santiscal. Y todo ello unido  a la subida del 70 por ciento del agua en 2008 con el gobierno socialista y al canon de un 30 por ciento impuesto por la Junta de Andalucía; incrementos, en definitiva, del servicio que no han deparado mejoras en las infraestructuras, según explicó el portavoz popular. El mismo se reiteró en su propuesta para que el grupo socialista estudiara junto al Gobierno un plan de empleo y cómo repartir el dinero de Aqualia en proyectos sociales, pero, claro está, previa condición de que el grupo opositor votara a favor de la concesión del servicio.


Por último, el portavoz agradeció el trabajo de los técnicos municipales implicados en el concurso para la adjudicación del servicio. Ya en un segundo turno, Julio Delgado (PSOE) volvió a pedir “claridad y las cartas sobre la mesa” en torno al gasto del canon a Aqualia.
El de Ai-Pro basó su discurso en enumerar las obras municipales como justificación a la inversión pública y aseguró que el voto en contra de los socialistas significa el voto en contra al futuro de Arcos y sus ciudadanos.


La liviana sesión se saldó con el voto a favor de los 13 concejales presentes del equipo de Gobierno PP-Ai-Pro y con el sufragio en contra de los cuatro ediles del PSOE, si bien en este sentido se dejó notar el ambiente prenavideño y vacacional para algunos. De hecho, para aplazar las asperezas de sesiones anteriores, la corporación se dio un respiro al compartir un sencillo desayuno navideño en la Alcaldía, en el que el tono no fue el empleado habitualmente en los plenos: cosas de la política.


Se echó de menos al único concejal del grupo Ven-T, Antonio Ortiz, única persona que se ha preocupado por destapar un debate sobre la calidad del agua que consumen los arcenses, más allá de las infraestructuras, de las inversiones y otros aspectos obvios en este tipo de procesos.

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