La destitución como delegada municipal de Vivienda de la socialista María José Valencia en el Ayuntamiento de Sanlúcar ha revolucionado el panorama político provincial. Frente al silencio de los partidos de la oposición locales, PSOE y PP han cruzado esta semana acusaciones a través de las declaraciones de sus distintos líderes sobre las vinculaciones del Gobierno socialista con el caso ‘Bahía Competitiva’ que investiga el destino de 25 millones de euros que debían haberse destinado a la creación de industria en la provincia de Cádiz.
Como ya adelantó en primicia este periódico la semana pasada, Valencia fue llamada a declarar por la Udyco (Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado) por su presunta relación con este tema. Sin embargo, la concejal sanluqueña, que se ha negado a hacer declaraciones a Información por recomendación de su abogado, desmiente este extremo. Su letrado, Ignacio Ollero, ha señalado la declaración “voluntaria” que su cliente realizó ante los agentes policiales que investigan el caso, si bien señala que se trata de una investigación interna de la policía y que en cualquier caso no se trata de una imputación, hasta tal punto que su abogado defensor no puede personarse en la causa. Sobre su detención, Ollero precisa que se trata de una “detención administrativa” y que “no hubiera pasado nada” si Valencia se hubiera negado a declarar.
DEFENSA
Precisamente el argumento de la defensa de la concejal socialista ha sido el enunciado tanto por el secretario general del PSOE de Sanlúcar, Víctor Mora, como por la alcaldesa del municipio, Irene García. Para ambos, la decisión de apartar a Valencia de sus competencias en el Gobierno municipal son “por su bien y el del PSOE” y para “evitar que cualquier atisbo de indicio de ilegalidad se vincule con el Gobierno municipal que nada tiene que ver en este caso”, en palabras de García.
La también secretaria general de los socialistas gaditanos se ha pronunciado también sobre la suspensión cautelar de militancia solicitada por la ejecutiva local del PSOE para Valencia. Según Irene García, “no es el momento” de tomar este tipo de medidas, si bien precisa que “llegado el momento, seremos implacables, actuando con firmeza”. En lo que ha incidido la alcaldesa de Sanlúcar es en el hecho de que, “su detención y posterior declaración en el departamento de blanqueo de capitales y crimen organizado de Sevilla es lo suficientemente grave para justificar su cese en el Gobierno municipal”. En la misma línea, Víctor Mora afirmó que la decisión se había tomado “por su propio bien y el del grupo municipal” y para que la edil “pudiera afrontar mejor su defensa hasta que acabase el proceso abierto por la justicia” y que desde las filas socialistas solicitan que se resuelva “con la mayor celeridad posible”.
APOYO REGIONAL
Las tesis de García han sido defendidas por la ejecutiva regional del PSOE. El secretario de política municipal del PSOE-A, Francisco Conejo, ha calificado como “ejemplarizante” la decisión adoptada por Irene García que “ha querido que la concejala se defienda en el ámbito privado”, salvaguardando su presunción de inocencia pero entendiendo que, mientras dure la investigación de la Fiscalía y el juzgado, Valencia no debía tener responsabilidades en el Gobierno municipal”.
De igual forma, el presidente del PSOE de Cádiz, Manuel Jiménez Barrios ha pedido “respeto” a la dirección provincial ante las críticas recibidas por parte del anterior presidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña, quien tachó de “muy radical” la decisión que ha tomado Irene García y dijo que “llueve sobre mojado” señalando que la edil “ya fue despojada de algunas de sus responsabilidades municipales” cuando en su día se posicionó en apoyo a Alfredo Pérez
Rubalcaba cuando Irene García apostó por Carme Chacón. Por ello Jiménez Barrios ha apelado a tratar los problemas internos en el seno de la organización, calificando de “desafortunadas” las palabras de González Cabaña que, opina, “debilitan” el proyecto socialista.
Precisamente el ex presidente de la Diputación provincial ha salido en defensa de María José Valencia asegurando que “hasta tal punto estoy convencido de la limpieza de la actuación de Valencia en este tema y en todo que, aunque fuera ella quien actuaba como vicepresidenta, yo asumo toda la responsabilidad”.
