El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado un paso importante para apoyar a quienes están en trance de perder sus viviendas y a quienes no pueden acceder a una. Lo ha hecho con la aprobación del decreto-ley sobre la función social de la vivienda, que nace con la intención de ser un plan de choque para frenar la sangría social de los desahucios, pero que más allá de eso, también incluye sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen las viviendas vacías.
Se trata, como muy gráficamente indicó el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, de “impedir que haya viviendas vacías cuando hay ciudadanos que no tienen”. Estamos, sin duda, ante un decreto de marcado carácter social que da idea de que se puede gobernar con la intención puesta en los que más lo necesitan, haciendo una política de tintes progresistas, pero que no hace sino dar solidez al Derecho a la vivienda, que a veces, se olvida que el acceso a las mismas es, en efecto un derecho reconocido constitucionalmente.
No es gratuito, sin duda tampoco, que el Ejecutivo andaluz tome esta medida, cuando está por debatirse en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular que reclama la dación en pago y la paralización de los desahucios, de la que los movimientos sociales y oposición han advertido la rebaja que quiere hacer el PP en sus planteamiento sociales y favorables al ciudadano.
