A nadie le cabe la menor duda de que la justicia, los ciudadanos y los representantes políticos, deben condenar y perseguir sin descanso cualquier caso de corrupción que se pueda dar. La democracia real debe pasar por la transparencia en la gestión de los fondos públicos, que son de todos y deben estar al servicio de todos. Hasta aquí todos de acuerdo. O casi todos. Este principio o máxima que todos deberíamos compartir, es el que permite entender que ante determinadas situaciones pueda existir un “movimiento ciudadano” y “espontáneo” que se manifieste públicamente contra aquellas personas u organizaciones que no practiquen este código de buenas prácticas que, por otro lado, suele ser consecuencia de una educación en valores. Tanto en un sentido como en otro. Ante situaciones contrarias a las buenas prácticas, sería y es razonable que se produzcan manifestaciones públicas y privadas condenando los hechos. Sería y es razonable que haya descontento por el caso Bárcenas en el que un señor no ha justificado la procedencia de una fortuna de casi 50 millones de euro en una cuenta en Suiza. Sería razonable que hubiese manifestaciones casi a diario por el caso de los ERE en Andalucía donde cientos de millones de euros destinados a los parados se fueron distrayendo de forma fraudulenta con intrusos, comisiones ilegales y enriquecimiento ilícito de por medio. Lo que no es razonable es que los que critican una determinada actuación, si la hacen unos, no la condenen de la misma forma, si la hacen otros. En España y en Andalucía hemos visto concentraciones y gritos contra las sedes y los representantes del Partido Popular por el llamado caso Bárcenas. En Andalucía hemos podido ver manifestaciones y gritos violentos contra la juez Ayala por lo que entienden ha sido un atropello contra determinados líderes sindicales. Hemos visto “escraches” contra diputados del Partido Popular. Pero aún no hemos visto ni una sola manifestación pública condenando la participación determinados líderes del PSOE, Griñán incluido, en la trama de los ERE. Aún no hemos visto manifestaciones contra las actuaciones y el uso de los fondos por parte de determinados líderes sindicales de UGT Y CCOO, que predicaban la lucha obrera y se dedicaban a gastar el dinero público en mariscadas como si fuesen los “patrones” del sindicato incluso con facturas falsas de por medio. Aún no hemos visto ninguna manifestación para recordar a Izquierda Unida que prometió a sus votantes que iba a destapar la trama de los ERE y ahora se han convertido en el cómplice político del PSOE. Aún no hemos visto a nadie recordarle a Rosa Díez que cuando el PSOE fue condenado por financiación ilegal y la corrupción era tónica general, años noventa, ella militaba en el PSOE y no abrió la boca y siguió en el PSOE hasta que no consiguió el puesto que quería. Si la generalidad de los ciudadanos condenamos la corrupción, venga de donde venga y la cometa quien la cometa, y las manifestaciones públicas “espontáneas” sólo se realizan en determinadas ocasiones, casualmente nunca cuando se refiere a personas vinculadas a Izquierda Unida, PSOE, CCOO y UGT, de todo esto se deduce que estas concentraciones no representan el sentir ciudadano. Están dirigidas y politizadas. Y eso claramente es utilizar contra la corrupción una doble vara de medir.
