El alcalde de Villamanrique de la Condesa, José Solís de la Rosa (PSOE), ha prestado este lunes declaración como imputado ante el Juzgado mixto número dos de Sanlúcar la Mayor, a cuenta de una denuncia formulada en su contra por el PP, por la contratación en 2010 de nueve personas supuestamente carentes de "los requisitos de mérito, igualdad y capacidad para acceder a la función pública". Solís de la Rosa ha alegado que al tiempo de tales contrataciones, no conocía los informes del secretario interventor contrarios a las mismas, que no participó "personalmente" en la selección y que fueron contratadas las personas "a las que más falta le hacía" obtener un empleo.
En concreto, todo parte de una denuncia promovida en abril de 2012 por el Grupo popular, a cuenta de dos informes elaborados por el secretario interventor del Ayuntamiento de Villamanrique con la supuesta detección de "determinadas irregularidades en la gestión del personal funcionario y dos nóminas de un funcionario correspondientes a 2010". Los informes, según desgranaba la denuncia, recogida por Europa Press, ponían de relieve la contratación de nueve trabajadores en 2010 pese a que las personas seleccionadas no habrían cumplido "los requisitos de mérito, igualdad y capacidad para acceder a la función pública", dando cuenta además de "gratificaciones periódicas" carentes de "acreditación". Las citadas contrataciones, además, habrían sido consumadas "a sabiendas de su ilegalidad".
POR "CRITERIO" DE LA ALCALDÍA
La denunciante, igualmente, avisaba de que en el mes de junio de 2010, y según "el criterio" de la Alcaldía, el personal directivo, docente y de apoyo de un taller de empleo no sufrió la reducción salarial dictada en mayo de 2010 por el Gobierno central para el sector público. En enero de 2013, y merced al posicionamiento del Ministerio Fiscal, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres ordenó el archivo provisional de la denuncia, si bien el PP formuló un recurso de reforma contra dicha decisión del juzgado y, finalmente, la causa ha sido reaierta.
Según el acta de comparecencia de Solís, recogida por Europa Press, el alcalde ha defendido que a la fecha de las contrataciones desconocía los dos informes elaborados por el secretario interventor censurando las mismas y "no hay un documento que haya firmado y que haga constar que ha visto esos informes", pues según su testimonio supo de ellos a raíz de la denuncia. El primer edil ha defendido que las contrataciones investigadas fueron en beneficio de personas "usuarias de los servicios sociales", con lo que fueron contratados aquellos "a quienes más falta hacía" obtener unos ingresos. "Ni el secretario ni Contratación dijeron que no podía hacerse. Esa forma de actuar con respecto a este tipo de contratos se ha hecho siempre así en el Ayuntamiento", esgrime.
En cuanto al aspecto de los requisitos, defiende el alcalde que estas personas fueron contratadas prácticamente para ejercer como "barrenderos". "Eran personas humildes y estaban capacitadas para ello", se ha encogido de hombros el primer edil desligan a su persona del proceso de selección.
"DESDE ANTES" DE QUE ÉL FUESE ALCALDE
También ha explicado que las gratificaciones censuradas respondían a "servicios puntuales" y eran cobradas "desde mucho antes" de que él accediese a la Alcaldía. En cuanto a la no reducción salarial para los miembros del mencionado taller de empleo, el primer edil ha argumentado actuó según le dijo la Consejería de Empleo como promotora de la subvención que sustentaba dicha acción formativa.
De cualquier modo, ha negado que tuviese conocimiento previo de los mencionados informes del secretario y que "pensaba que todo se hacía correctamente". "Si hubiese tenido constancia de las irregularidades habría tomado las medidas oportunas", alega.
El PP, de su lado, ha difundido el acta de una mesa de negociación celebrada en junio de 2013 y en la que, en el marco de la elaboración de la relación de puestos de trabajo y la valoración de puestos de trabajo, se alude a la "legalización" de las gratificaciones de "conceptos varios" a través del complemento específico. "Podía no haberse tenido en cuenta el importe de las gratificaciones, pues no son legales y, de hecho, todos los meses tiene un informe negativo del secretario interventor, pero no se ha hecho", expone el alcalde en este punto.
