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Salud decreta el concierto con Pascual por un año y un cinco por ciento menos

Ante la falta de acuerdo común, la Junta cree que es lo mejor para el interés público. El PSOE acusa al subdelegado de alentar protestas contra la política de la Junta

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La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales renovará, “de forma unilateral y por el interés público”, la actividad concertada con los centros de la empresa Pascual con una reducción del cinco por ciento. Así lo ha anunciado la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, quien ha explicado que la renovación será por un año.
La máxima responsable de la sanidad andaluza ha señalado que la bajada que se ha establecido para este concierto “es menor que las que ha tenido tanto el Servicio Andaluz de Salud como las empresas públicas y el resto de los conciertos”, y que la renovación “podría haber sido por ser por 21 meses si se hubiera llegado a un acuerdo con la empresa”.


Sánchez Rubio ha explicado que han sido hasta ocho las reuniones que se han mantenido con los responsables de la empresa José Manuel Pascual Pascual, encuentros en los que no se ha conseguido llegar a un acuerdo entre las partes, ya que la propuesta que planteaba la empresa era reducir hasta un 17 por ciento el precio del contrato siempre que se le cediesen centros sanitarios públicos para ser gestionados desde el ámbito de lo privado.


La consejera ha afirmado que propuestas como ésta demuestran que la falta de acuerdo no se debía a “desequilibrio económico de la empresa” y ha declarado que la Consejería “ha sido franca en todo momento, tanto en los mensajes públicos como en los trasladados en la mesa de negociación”. Sánchez ha insistido en que “los principales objetivos del Gobierno andaluz son garantizar la asistencia sanitaria y no poner en riesgo el empleo”, y ha asegurado que en ningún momento “la negociación ha puesto en riesgo los puestos de trabajo”.


La propuesta de la Consejería pasaba por realizar una prórroga de mutuo acuerdo para los próximos 21 meses con una bajada del cinco por ciento. Si bien, finalmente, la renovación se realizará, de forma unilateral y por el interés público, por doce meses con una bajada del  cinco por ciento, ya que “la oferta que planteaba la empresa es inadmisible por parte del Gobierno de Andalucía que, en ningún momento, se ha planteado la privatización”.

EL PSOE
Antes, la secretaria General del PSOE gaditano, Irene García, había mantenido un encuentro con trabajadores del hospital comarcal Virgen de las Montañas y con miembros del partido en la Sierra; ocasión en la que lamentó que “un representante institucional como el subdelegado el Gobierno en la provincia” haya optado por lanzar “irresponsables llamamientos a tomar las calles, saltándose cualquier atisbo de lealtad institucional, alentando la generación de un conflicto social que por fortuna no existe e incurriendo una vez más en una vergonzosa actitud, más propia de un militante exaltado del PP que de la máxima autoridad del ejecutivo central”.


García manifestó que “resulta paradójico que el subdelegado haya optado ahora por defender las movilizaciones e incluso por alentarlas, cuando lleva años criminalizando públicamente a quienes protestan en las calles contra los atropellos sin precedentes a las libertades públicas y a los derechos sociales que está protagonizando el Gobierno de Mariano Rajoy”. Y afirmó que este episodio es “un paso más del despropósito en que se ha convertido la gestión del subdelegado del Gobierno, que vive inmerso en una constante estrategia partidista en la que actúa como portavoz aventajado del PP en lugar de responder a sus auténticas responsabilidades institucionales”.


García mostró su “absoluta perplejidad por la sorprendente reacción del subdelegado, que ha pasado de comportarse como un gobernador civil de otros tiempos, incluyendo buena parte de los tics autoritarios que ya parecían afortunadamente superados, a poco menos que convocar a la movilización ciudadana”. De este modo, declaró que “la propia gestión del señor De Torre incluye negros episodios con motivo de protestas que no han sido autorizadas o han sido respondidas con un exceso de celo que para sí debería haber dedicado en la resolución del robo de 300 kilos de cocaína de un depósito oficial, un caso que continúa sin esclarecerse y que, por encima de sus ocurrencias partidistas, viene dando la auténtica medida de su actuación al frente de esa institución”.

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