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Córdoba

El policía local de Puente Genil niega que se dedicara a traficar con droga

En las cuestiones previas, su abogado ha planteado \"la nulidad radical\" de las actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, tras obtenerse algunas pruebas de la causa \"de forma ilegal\", algo a lo que se ha opuesto el Ministerio Público

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El agente de Policía Local del municipio cordobés de Puente Genil, acusado junto a dos matrimonios de traficar con cocaína, ha declarado este jueves ante el juez que "para nada" es cierto que se dedicara a adquirir la droga y supuestamente facilitarla a terceras personas.

   Durante la celebración del juicio, que ha quedado visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, el procesado, en prisión provisional desde junio de 2013, ha manifestado que la relación con el otro acusado F.S.D., quien también está en prisión provisional por los hechos, era "nada más" como preparador físico, a lo que ha añadido que "jamás" ha tomado un refresco o un café con él.

   Asimismo, ha comentado que el día de los hechos cuando fueron a Dos Hermanas (Sevilla) era porque supuestamente este último le había dicho que "había vendido un coche" y que fuera con él, y que solo ese día es cuando ha estado en dicha localidad sevillana, al tiempo que ha defendido que no conoce "absolutamente de nada" al otro acusado.

   En las cuestiones previas, su abogado ha planteado "la nulidad radical" de las actuaciones por vulneración de derechos fundamentales, tras obtenerse algunas pruebas de la causa "de forma ilegal", algo a lo que se ha opuesto el Ministerio Público.

   Mientras, de los otros acusados, tras un acuerdo de conformidad entre las partes, los dos varones han admitido que se dedicaban a vender droga, y concretamente F. ha explicado que supuestamente se ponían de acuerdo con el agente policial para "la mayor facilidad" en el transporte de la droga a la hora de eludir los controles policiales y ha señalado que fueron "muchas veces" a Dos Hermanas, al tiempo que ha negado que el día de los hechos fuera a vender un coche.

   Por su parte, el otro hombre procesado, quien ha dicho que sí ha quedado en algunas ocasiones a tomar café con el policía, y las dos mujeres acusadas han declarado que "nunca" vieron al agente consumir droga, ni "nunca" le vendieron sustancia estupefaciente alguna.

   En concreto, según ha informado el abogado del agente policial, la conformidad con los cuatro acusados ha supuesto una rebaja de penas por parte de la Fiscalía con unos tres años y seis meses de prisión para F.; tres años para el otro varón y dos años para cada una de las mujeres. En cuanto a su cliente, la fiscal ha mantenido las peticiones que hacía en su calificación.

   Así, el Ministerio Público pide para el agente una pena de diez años de prisión y once de inhabilitación para empleo y cargo público y una multa de más de 107.000 euros; y en un principio solicitaba para los dos varones del matrimonio ocho años de prisión y multa de 70.000 euros y siete años de prisión y multa de 60.000 euros, respectivamente; mientras que para cada una de las mujeres, seis años de prisión y multa de 60.000 euros.

LOS HECHOS

   Según recoge la calificación inicial de la Fiscalía, el 10 de junio de 2013, el agente, J.A.V.A., y otro procesado, F.S.D., quien también está en prisión provisional por los hechos, viajaron cada uno en su vehículo a Dos Hermanas (Sevilla), para adquirir la droga, que posteriormente distribuirían en Puente Genil a terceras personas a cambio de dinero.

   Ambos acordaron que el transporte de la droga fuera realizado por el agente, puesto que "tenía más fácil eludir un posible control", según indica el fiscal, quien relata que F.S.D. inició la marcha seguido del agente al que avisaría si había algún control, como efectivamente hizo, si bien éste último no se deshizo de la droga con "la confianza de que con su condición de Policía Local evitaría el control".

   De este modo, sobre las 14,00 horas de dicho día, el agente fue parado por una patrulla de la Guardia Civil y se identificó como Policía Local, pero al ver que no consiguió detener el registro les dijo: "No entiendo por qué me paráis. Soy Policía Local de Puente Genil y me conocéis. Tengo que entrar a trabajar a las dos y me tenéis aquí parado. Llevo un mal día por que se me ha averiado el coche en Sevilla y voy a perder la casa", al tiempo que incluso llegó a llamar al jefe de la Policía Local.

   Así, tras el registro en el vehículo, los agentes de la Benemérita encontraron tres bolsas de cocaína con un peso de 296 gramos en una sudadera que llevaba el acusado, a quien también le hallaron en el pantalón cerca de tres gramos de cocaína.

   Mientras tanto, después de haber realizado intervenciones telefónicas y diligencias desde el mes de abril, la fiscal apunta que estos dos acusados actúan de forma "coordinada y concertada" para traficar con la droga, junto con el resto de procesados en la causa, de manera que F.S. supuestamente era el encargado de adquirir la droga a los proveedores y distribuirla entre el resto de acusados para que la vendan.

   La mujer de éste, también acusada, colaboraba de forma "activa" en la actividad de su marido, con la venta de la sustancia en su domicilio y poniendo en contacto a su marido con los otros procesados, de los que uno de ellos era el encargado de vender la droga en pequeñas cantidades dentro de Puente Genil, incluso realizaba actividades de custodia, ayudado por su mujer, igualmente procesada.

   Por su parte, el agente de Policía Local supuestamente entró en la organización "para aportar seguridad a la misma", y era el encargado de transportar la droga, "utilizando su condición de agente para eludir los controles policiales", según la fiscal, quien precisa que además facilitó información al resto de acusados sobre coches camuflados y controles policiales.

   Tras la detención de los cinco acusados, se registraron sus viviendas y los agentes hallaron en las mismas diversas cantidades de cocaína y metanfetamina. En total, la suma del valor de todas las sustancias intervenidas es de 43.600 euros. Para la fiscal, los hechos suponen delitos contra la salud pública, delito de pertenencia a grupo criminal y delito de revelación de secreto por autoridad o funcionario público.

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