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Huelva

Fomento saca a información pública un nuevo estudio de impacto ambiental de la variante de Beas y Trigueros

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente y garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar

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El Ministerio de Fomento ha aprobado provisionalmente y somete a información pública, a efectos ambientales, el Documento Técnico 'Adecuación de la evaluación ambiental del Proyecto de la Variante de las poblaciones de Beas y Trigueros (Huelva) en la carretera N-435 de Badajoz y Zafra a Huelva, que incluye el estudio de impacto ambiental y lo tramita al amparo de la nueva Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental.
   La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente y garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de corrección o compensación.
   La reciente publicación de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental incorpora la experiencia acumulada resultando una herramienta muy útil para asegurar la sostenibilidad del desarrollo económico identificando los impactos y estableciendo el mejor modo de mitigarlos. Por ello, la actual Declaración de Impacto Ambiental de la variante de Beas y Trigueros, en la N-435, que data de marzo de 2007, es necesario renovarla y adecuarla a la nueva Ley.
   Actualmente la N-435 atraviesa ambas poblaciones en travesía, existiendo intersecciones reguladas por semáforos. La nueva variante será una alternativa mucho más cómoda y segura para el tráfico de largo y medio recorrido, por lo que la antigua N-435 quedará reducida al servicio del tráfico local que se dirige a Beas o Trigueros.
   La tramitación para la obtención de la Declaración de Impacto ambiental, que la nueva ley establece, supone que esta tramitación adicional no generará un retraso significativo de la obra y sí le otorga máxima protección en los aspectos paisajísticos, aplicándose lo establecido en el Convenio Europeo del Paisaje ratificado recientemente e implementado con la Ley 21/2013; adaptación de la infraestructura al cambio climático; incrementar la seguridad jurídica de todos los actores.

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