El abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, presentará este miércoles una denuncia contra 38 alcaldes españoles, entre ellos la regidora de Madrid Ana Botella, por un supuesto delito de desobediencia que habrían cometido al vulnerar la Ley de Memoria Histórica, que obliga a las Administraciones a retirar la simbología franquista.
La denuncia se interpondrá, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la Primera República, en los Juzgados de Plaza de Castilla contra Botella y en los registros de los juzgados de otros 37 municipios, entre los que figuran Huelva, Zaragoza, Vigo, Córdoba o Salamanca.
El abogado pondrá también los hechos en conocimiento de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y del Ministerio de Asuntos Exteriores, a quien trasladará que las embajadas de Bolivia, Panamá y el Consulado de Marruecos exhiben este tipo de símbolos.
En su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Ranz advierte de que en el municipio de Madrid hay una docena de vestigios que vulneran la Ley de Memoria Histórica de 2007, entre ellos se encuentra el Arco de la Victoria situado a la entrada de la capital en la carretera de La Coruña; el Palacio de Santa Cruz con dos escudos de la dictadura en piedra; o varios edificios de Defensa con placas y lápidas de mármol recordando a Francisco Franco, a la "guerra de liberación de España", o a varios militares caídos durante la contienda.
SÍMBOLOS CON EL SEMBLANTE DE FRANCO
Cita también el escudo con el águila ubicado en varias fachadas de la sede del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), perteneciente al Ministerio de Agricultura; el relieve con el escudo del régimen franquista que se puede ver en la pared de la Oficina de Atención Integral del Contribuyente ; una placa del Palacio del Pardo o el medallón con el semblante de perfil del general Francisco Franco del Tribunal de Cuentas.
El abogado, vecino del municipio de Madrid, recuerda que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".
Acusa a los regidores de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 410 del Código Penal, que lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.
De forma subsidiaria, el abogado cree que los hechos podrían ser constitutivos de una falta contra el orden público del 634 del Código Penal, que contempla una pena de multa de diez a sesenta días.
