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El interventor habría cambiado un informe negativo por un contrato a su hija

La declaración de Petri Macías ante el juez inculpa a su compañero Manuel Erdozain

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  • Petri Macías y Erdozain. -

La declaración de la concejal de Ai-Pro Petri Macías ante el juzgado de instrucción número dos de Arcos por su imputación por un presunto delito de malversación y tráfico de influencias ha apuntado a la figura del interventor municipal y particularmente a la de su compañero secretario General del partido, Manuel Erdozain.  Petri Macías le ha contado al juez que “la hija del interventor fue enchufada para poder hacer más contratos”, en alusión al cambio de criterio del interventor sobre un informe que ponía a las claras que el Ayuntamiento no podía hacer más inversiones por su situación económica. Al poco de tiempo de que su hija fuera contratada en el Ayuntamiento, el interventor cambió el informe por otro que daba luz verde al equipo de Gobierno para seguir invirtiendo, entre otros asuntos en contratos, según ha publicado la agencia Europa Press tras el paso de Patri Macías por los juzgados.
Según han explicado a Europa Press fuentes del caso, Macías ha manifestado al titular del juzgado que Manuel Erdozain  --quien también declaraba el jueves como imputado-- “le contó que había metido a trabajar a la hija del interventor para que éste cambiase un informe que prohibía hacer más contratos por falta de liquidez”.

 Por otra parte, explican las citadas fuentes, que el juez dio un plazo de diez días al Ayuntamiento para que aportase cierta documentación. Sin embargo, en la entregada este jueves por el alcalde de la localidad, José Luis Núñez (PP), “no hay ningún expediente que constate proceso de selección alguno”.

Asimismo, indican que el regidor arcense se ha limitado a “echar culpas y responsabilidades hacia los demás”, incluyendo el caso de su propio cuñado, que habría achacado al edil de Cultura (PP).
La querella que dio pie a este procedimiento fue presentada por el edil socialista Joaquín Macías tras tener constancia del presunto enchufe de hasta 25 familiares de miembros del equipo de Gobierno.

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