gema freire jerez
Durante las últimas décadas, el debate sobre la existencia de la economía sumergida ha resurgido con fuerza. Las causas, el tamaño y el impacto que tiene la economía sumergida en España, y en concreto en una provincia como Cádiz, con más de un 40% de tasa de paro, han sido, y son, una de las mayores preocupaciones desde los puntos de vista económico y político. Este debate recobra un mayor ímpetu en situaciones como la presente, donde la economía entró hace varios años en una profunda fase de recesión.
La economía sumergida produce competencia desleal entre empresarios; evasión de impuestos (afecta a los ingresos del Estado y, por lo tanto, le debilita); inexistencia de regulaciones; malas condiciones laborales; escasas o nulas medidas de seguridad en el trabajo; no hay pagos a la Seguridad Social e importantes consecuencias a largo plazo sobre las pensiones, derecho a prestaciones, etc.
La cuantificación de la economía sumergida se antoja difícil dado que, por razones obvias, nadie está dispuesto a declararla y, por lo tanto, se trata de medir algo que no es observable directamente, en la mayoría de las ocasiones. Para realizar una estimación, se utilizan tres tipos de métodos; los directos, basados en entrevistas y auditorías; los indirectos, como el volumen de transacciones monetarias, la relación efectivo-depósitos, y la demanda de efectivo sobre el Producto Interior Bruto (PIB); y los Mimic (múltiples indicadores, múltiples causas), según los cuales, en la provincia de Cádiz la economía sumergida movería cerca de 6.000 millones de euros al año, es decir el 29,3% de su Producto Interior Bruto.
Ligado al desempleo
Lo que sí está claro es que a mayor tasa de paro, más economía sumergida. En el caso de la provincia de Cádiz, en el año 2000 la economía no regulada ascendía al 18,8%, una cifra que en 2009 se elevó hasta el 24,3% y en 2012 hasta el 29,3% de su PIB. Es decir, en estos momentos, la situación de la provincia en este aspecto económico es superada por otras doce: Albacete, Almería, Ávila, Badajoz, Cáceres, Granada, Cuenca, Jaén, León, Lugo, Ourense y Zamora.
Para la realización de este estudio, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han utilizado varias variables, como son el número de autónomos sobre el total de afiliados, la tasa de paro tomando como referencia la Encuesta de Población Activa, el valor añadido bruto del sector de la construcción sobre el VAB total, la renta per cápita, las cotizaciones a la Seguridad Social sobre el total del PIB, los costes laborales unitarios (euros po trabajador), variación del PIB, consumo de electricidad, y la tasa de actividad según las cifras de la Encuesta de Población Activa.
En los gráficos de este informe se aprecia que en la provincia la economía sumergida no se da entre las personas mayores de 50 años. De hecho, Cádiz se sitúa entre las provincias menos destacadas en la relación entre este tipo de economía no reglada y los parados de más de 50 años. En cambio, sí ocupa los primeros puestos en el gráfico que representa la relación entre la economía sumergida y los parados de larga duración, lo que demuestra que los jóvenes también se están viendo abocados al trabajar fuera de los mercados considerados como legales.
Por lo que se refiere al tamaño de las empresas, se comprueba que esta relación es muy evidente cuando se considera a todas aquellas empresas que tienen menos de diez trabajadores. A mayor proporción de pequeñas empresas, mayor volumen de economía sumergida. También se trata de un resultado esperado ya que son las empresas pequeñas, normalmente, las más incentivadas al fraude, especialmente a eludir el IVA. En cambio, esta relación no es tan evidente cuando del número de empresas con menos de diez trabajadores se excluye a los autónomos. La relación se mantiene pero no de una forma tan clara como en el caso anterior.
El informe de Gestha, que consideraría como un nivel "aceptable" de economía sumergida entre el 6% y el 8% del PIB, destaca que el mayor aumento del fraude durante estos años se ha registrado en aquellas comunidades más castigadas por el colapso del ladrillo y el paro, caso de Andalucía.
Inspección de Trabajo
Una de cada cuatro visitas que realiza la Inspección de Trabajo a las empresas de la provincia detecta un problema de economía sumergida. Una lacra que viene de décadas atrás, es difícil de vencer y que encima la crisis ha agudizado todavía más. De hecho, aunque esta realidad resulta compleja de medir, el incremento durante estos últimos años ha sido notable y las estimaciones que baraja Trabajo hablan de un aumento de un 25% en la zona de la provincia. Lo más grave es que estas cifras oficiales son todavía más elevadas en la realidad.
Medidas contra el fraude
La primera medida que esta organización de autónmos propone para reducir la “economía en B” es el establecimiento de una retención del 15%, en lugar del 21% actual, para aquellos autónomos cuyos ingresos trimestrales sean inferiores a 12.000 euros anuales. En segundo lugar, ATA apuesta por establecer deducciones fiscales a familias, fijando un tope máximo, por gastos derivados de sanidad, educación o rehabilitación de viviendas, lo que llevaría consigo que las familias contrataran los servicios de aquellas personas que en regla con la Seguridad Social y con Hacienda. Por último, la organización insta a fijar una base mínima diferenciada a la Seguridad Social para autónomos cuyos rendimientos netos anuales declarados en el último año no superen los 8.000 euros. El objetivo es que después de un mes de trabajo los beneficios no sean inferiores al salario mínimo interprofesional.ç
los principales focos en la provincia
Los focos de la economía sumergida gaditana los encontramos en talleres y comercios irregulares, trabajadores no declarados, venta ambulante sin licencia y contrabando de tabaco. Los técnicos de Hacienda resaltan la necesidad de dotar de más medios a la Agencia Tributaria, emprender campañas de concienciación como las desplegadas por la Dirección General de Tráfico.
