El gerente de la empresa municipal Emvisesa de Sevilla, Miguel Contreras, ha defendido este sábado la gestión en vivienda del gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP), con medidas para adaptarse a las circunstancias de cada familia", y ello "frente a los 21 desahucios de PSOE e IU".
Así ha respondido este sábado Contreras en una nota a la propuesta que los socialistas han anunciado que llevarán al próximo pleno ante "la falta de capacidad" del primer edil para satisfacer las demandas ciudadanas en materia de vivienda, en su opinión, "por mantener viviendas vacías, a pesar de las necesidades, y por no haber adoptado medida alguna para proporcionar actividad real de construcción y rehabilitación a esta empresa pública".
En este sentido, Contreras ha puesto de relieve que Emvisesa ha desarrollado una "importante gestión" en materia de vivienda, "protegida a lo largo de toda esta legislatura", destacando que se han finalizado las obras de "doce promociones de viviendas", seis en venta y seis en alquiler y que suman un total de "1.568 viviendas" en distintos sectores de la ciudad de Sevilla.
En esta línea, ha precisado que seis de estas promociones fueron asumidas "con fondos propios" de la empresa municipal, "ante la negativa de las entidades de créditos a financiar actuaciones de promotores inmobiliarios".
Por otro lado, ha subrayado que "se ha cedido el uso de viviendas en venta para el alquiler o se han puesto a disposición de familias afectadas por actuaciones de realojo o rehabilitación múltiples viviendas", y que para la actuación de realojo de Los Pajaritos se han destinado "un total de 30 viviendas", dos de ellas ubicadas en la promoción de Aeropuerto Viejo, diecinueve de Nuevo Amate y nueve pertenecientes a la promoción S-3 y S-4 de Torrelaguna.
Asimismo, ha asegurado que se ha procedido a solicitar el cambio a alquiler de promociones, que inicialmente estaban calificadas en venta, y que se han adoptado medidas para la aplicación de la determinada 'Renta social' "a determinados inquilinos de Emvisesa que se encuentran en situación de necesidad social, de carácter temporal, que cumplan ciertos requisitos y acrediten documentalmente dicha situación".
"A las unidades familiares sin ingresos, se les aplica una rebaja de la renta mediante el establecimiento de un alquiler social, con el compromiso de no requerirles el pago en un plazo de tiempo determinado, ascendiendo dicha cantidad a 25 euros", ha destacado Contreras.
En este contexto, ha explicado que a las unidades familiares que tengan algún tipo de ingreso, "pero que sean inferiores a una vez y media el Iprem", se les realiza una rebaja de la renta de alquiler de sus viviendas, "estableciéndose una renta social, siempre con carácter temporal".
Dicha rebaja, añade, "se calcula de modo que el importe mensual de la renta sea el 30 por ciento de los ingresos brutos de la unidad familiar, con un mínimo de 50 euros mensuales". "Desde su puesta en funcionamiento, 149 familias se han acogido a la reducción de Renta", según el gerente.
"NO PODEMOS IGNORAR EL ACTUAL PORCENTAJE DE MOROSIDAD"
Junto a ello, ha insistido, "no podemos ignorar el actual porcentaje de morosidad, así como las consecuencias negativas que esto tiene para la tesorería de esta empresa".
Así, ha informado de que, concretamente en 2014 "el saldo de impagados de nuestras promociones en alquiler asciende a 3.507.442,92 euros", es decir, "un 50,8 por ciento del volumen global facturado, sin que se hayan realizado desahucios por motivos económicos".
Según Contreras, "en Emvisesa existe un equipo humano, multidisciplinar, que se encarga de analizar caso por caso, familia por familia para que nadie se vea privado de su vivienda y evitar el desahucio". Esta labor de atención social personalizada, ha defendido, es lo que los "distingue de otros promotores privados".
Y es que, a su juicio, los procedimientos internos de actuación de la empresa, para dar facilidades a los inquilinos de viviendas en alquiler que se encuentran en situación de impago, "son continuos".
El gerente ha apuntado que "a todos ellos se les da la opción de aplazamiento de la deuda y fraccionamiento del pago y, en ningún caso, por razones económicas se inicia un procedimiento de desahucio".
Asimismo, ha señalado que las irregularidades detectadas "son, normalmente, por falta de ocupación de viviendas, ocupaciones irregulares, enganches ilegales de suministros, obras inconsentidas o problemas de convivencia" --entre otros--, y que únicamente, "dependiendo de su gravedad y tras su verificación, se puede proceder al inicio del expediente de resolución del contrato de arrendamiento".
Por último, ha subrayado que "para satisfacer la demanda de las más de 5.400 familias demandantes de viviendas protegidas en venta en el Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas, Emvisesa ha aprobado a lo largo de toda la legislatura medidas económicas que faciliten la venta de las viviendas disponibles" de la empresa municipal.
