El pasado día 7 de septiembre, en el curso de un desayuno informativo organizado por Europa Press y la Fundación Cajasol y patrocinado por Atlantic Copper, Juan Espadas anunció la congelación absoluta de la presión fiscal sobre las familias sevillanas. En este sentido, afirmó que el recibo del IBI para todos los inmuebles de uso residencial se congelará en los importes de 2015, reduciendo en su caso el tipo efectivo aplicado este año para absorber una posible actualización por la Ley de Presupuestos del Estado del valor catastral de los inmuebles en nuestra ciudad. “Ninguna familia sevillana -aseveró- pagará en 2016 por su vivienda ni un euro más de IBI que en 2015”.
Esta es una medida que beneficiará al conjunto de los 700.000 habitantes que en números redondos tiene la ciudad. Sin embargo, por el debate abierto en los medios de comunicación, la impresión que les queda a los sevillanos es la contraria: que el alcalde va a subir el recibo de la contribución urbana (nombre popular del IBI) el año próximo.
Espadas sufre las consecuencias de haber cometido un error de estrategia comunicativa en el mismo acto público: anunciar a continuación una medida antitética que afectará tan sólo a una minoría (el 10%, dijo) de los grandes contribuyentes, o sea, los titulares de inmuebles con mayores valores catastrales.
Ventana de progresividad
En concreto, el alcalde habló de utilizar las ventanas de progresividad que permite la ley. “Sólo en el caso del IBI, la Ley nos permite -recordó- aprobar un tipo impositivo diferenciado del general para aquellos inmuebles de uso distinto al residencial que representen, para cada uso, el 10 por 100 de los valores catastrales más altos. Pues bien, en relación con estos inmuebles que agrupan los valores más elevados en usos no residenciales no congelaremos las cuotas de 2015, introduciendo un porcentaje de progresividad en el reparto de la carga tributaria y exigiéndole un mayor esfuerzo a los grandes contribuyentes que, además, se ven beneficiados al poder deducir en sus impuestos estatales sobre la renta (IRPF e IS) la cuota que satisfacen al Ayuntamiento por el IBI y, en general, por los impuestos municipales”.
Al anunciar una medida y también su opuesta en vez de centrarse sólo en una idea-fuerza de la misma temática, Espadas creó involuntariamente las condiciones para que algún medio interpretara erróneamente su política fiscal y divulgara que el IBI va a incrementarse para todos los comercios y empresas de la ciudad, aunque se congele para las familias. Y una vez multiplicada la interpretación errónea a través de Internet y las redes sociales se formó una bola de nieve que fue acrecentándose con las reacciones negativas de los sectores supuestamente afectados, aunque no lo sean ni lo vayan a ser: los pequeños y medianos empresarios y los comerciantes.
La patronal
El siguiente paso en la evolución de los acontecimientos fue la airada reacción de la Confederación Empresarial de Sevilla, que dirige Miguel Rus, y de la patronal del pequeño comercio, Aprocom. Se creó así el escenario para proyectar la imagen de que los empresarios habían roto la supuesta luna de miel que mantenían desde la precampaña electoral con el nuevo alcalde y antes incluso de que se cumplieran los cien días de éste en el sillón de la Plaza Nueva.
Técnicamente, el error no fue del alcalde, sino de quienes lo malinterpretaron y extendieron el falso supuesto, pero a Espadas, ya con una dilatada experiencia política a sus espaldas y que ha sido hasta consejero de la Junta de Andalucía, cabe imputarle el fallo de comunicar noticias antitéticas, la buena y la digamos mala, con lo cual acabó imperando esta última y desplazando del primer plano de la actualidad a la primera, máxime si se trata de materia tributaria, ya que lo último que alguien desearía sería pagar más impuestos.
Y es que mientras los 700.000 sevillanos “de a pie” están desarticulados y no tiene forma de hacerse oír para, teóricamente, haber expresado su satisfacción por la congelación de la presión fiscal, los empresarios y los comerciantes tienen a su disposición el altavoz de sus poderosas organizaciones patronales para, en plan “lobby”, movilizar y presionar en defensa de sus intereses, supuestamente afectados por el alza del IBI. A ello se une el hecho de que han estado acostumbrados a ser priorizados por la acción del gobierno local durante el mandato anterior, desde con la organización del “mapping” navideño para allegarles más público al centro hasta con el incremento del 40% en el número de veladores ocupando la teórica vía pública, cada vez más ocupada en beneficio de intereses particulares.
Marcha atrás
El siguiente error del alcalde consistió en proyectar la imagen de que reculaba, con lo cual no hizo más que asentar en la opinión pública la idea de que, efectivamente, pensaba incrementar la presión fiscal de forma generalizada al mundo empresarial. Fue cuando el alcalde entró en el proceloso terreno de las matizaciones y precisiones en vez de en el del desmentido tajante: “No se trata de una decisión cerrada, ya que irá a una consulta pública, estará abierta a alegaciones y al final se tendrá que analizar la decisión de los distintos grupos políticos. Tenemos la obligación -declaró- de presentar un proyecto y de cuadrar la cuentas, algo que también valorará el Consejo Económico y Social de Sevilla”.
Un Consejo Económico y Social, le faltó añadir, que está con un presidente en funciones desde que el anterior dimitió a principios del verano al sentirse preterido por la creación de un organismo consultivo paralelo, formado únicamente por los presidentes de las patronales y de las dos centrales sindicales mayoritarias.
Si no se trata de una decisión cerrada, como posteriormente se esforzó en recalcar Espadas, entonces ¿qué sentido tenía anunciarla en un acto público ante decenas de comensales de la clase política y empresarial y los medios de comunicación?
Con ello ha provisto de munición al PP, que inmediatamente le saltó a la yugular acusándole por boca de Zoido de improvisación y de gobernar a golpe de ocurrencias y de que apenas llegar los socialistas al Ayuntamiento ya empiezan las subidas de impuestos, cuando en realidad ha ocurrido justamente al revés: mientras Espadas inicia su mandato anunciando una congelación del IBI para todas las familias y para el 90% de las empresas y los comerciantes, Zoido lo empezó con una subida general del 10% para todo el mundo, fuera por imposición o no del Gobierno de Rajoy, pero subida al fin y al cabo.
Quejío
Por su parte, Aprocom no dejó pasar la ocasión para instalarse en su quejío tradicional y hablar de que la supuesta subida del IBI supondrá un auténtico varapalo para el pequeño y mediano comercio, “que trata de remontar los desastrosos efectos de la crisis económica de los últimos años”, cuando a lo largo de este verano los comerciantes no han tenido empacho en reconocer una subida de sus ventas y la recuperación de la actividad mercantil al socaire de la mejora de la economía y del auge del turismo.
Algunos han llegado a hablar en medio de la polémica de que la subida del IBI va a provocar una “huida” de comercios de la ciudad, un alarmismo que no cuadra con la apertura de nuevos establecimientos en el Centro (desde Tous a la Joyería Durán en Plaza Nueva hasta un nuevo Mercadona en Plaza de Armas) en los últimos meses y la retirada del cartel de “se vende” o “se alquila” en numerosas calles que antes estaban pobladas de locales vacíos.
Y como a río revuelto ganancia de pescadores, el PP aprovechó la oportunidad para hablar del “abandono absoluto” al que el nuevo gobierno municipal ha sometido al comercio y del “paso atrás” después de sus cuatro años de mandato.
Menos mal que Espadas anunció una congelación del IBI a las familias. ¿Qué habría ocurrido si hubiera anunciado una subida del 10%, como hizo Zoido? Y, por cierto, ¿por qué entonces los comerciantes guardaron silencio y no anunciaron el apocalipsis de un éxodo mercantil?
