Para gobernar en minoría es necesario alcanzar consensos y el PSOE no fue ayer capaz de cerrar acuerdo alguno con ninguno de los grupos de la oposición para solicitar al Gobierno central un anticipo de 49 millones de euros que le garantizara afrontar con garantías el tramo final del presente ejercicio. El argumento principal que esgrimieron los grupos políticos fue que ese anticipo -que equivale al 100 por cien del dinero que el Estado debe transferir en 2016- lleva consigo la solicitud de un nuevo préstamo y, por tanto, la puesta en marcha de otro plan de ajuste, no siendo posible conocer hasta la próxima primavera bajo qué condiciones se desarrollaría esta operación.
El portavoz del grupo popular, Antonio Saldaña, puso sobre la mesa la posibilidad de retirar este punto del orden del día para tratar de cerrar algún tipo de acuerdo que elevar en estas próximas semanas a sesión extraordinaria de pleno, partiendo de la base de que el plazo para solicitar este anticipo expira el próximo 15 de octubre. La propuesta fue secundada por los portavoces de Ganemos, Ciudadanos e IULV-CA, pero a pesar de ello el Gobierno local se empeñó en someterla a votación, aún a sabiendas de que no iba a salir adelante.
La negativa de la oposición a respaldar esta propuesta fue aprovechada por la alcaldesa, Mamen Sánchez, para cargar contra quienes la colocaron al frente del Ayuntamiento el pasado mes de junio. Hubo alusiones directas a Ganemos Jerez, que hace apenas una semana advirtió de que no iba a ser “florero” del Gobierno local. “Los presupuestos de 2016 son un auténtico reto. El que quiera que se sienta florero, pero aquí hay que decidir entre todos, porque todos tenemos una responsabilidad y no nos podemos esconder”, advirtió.
Mamen Sánchez dejó entrever que, sin el anticipo de 49 millones de euros, en estos próximos meses habrá problemas para afrontar el pago de nóminas al personal municipal o para atender servicios básicos, como el suministro de energía eléctrica a los centros educativos o de calefacción de los centros de acogida.
El portavoz de Ganemos, Santiago Sánchez, acusó a la alcaldesa de recurrir al “populismo puro y duro” al tratar de cargar sobre las espaldas de los grupos de la oposición cualquier problema de liquidez que pueda originarse en estos próximos meses.
Por su parte, el portavoz de IULV-CA, Raúl Ruiz-Berdejo, expresó su sorpresa por el hecho de que el Gobierno le pidiera “propuestas” para hacer frente al anticipo de 49 millones de euros “cuando no somos nosotros quienes estamos pidiendo ese dinero”.
Vuelven los problemas
Antes, el delegado de Economía, Santiago Galván, dibujó un panorama ciertamente desolador para estos próximos meses, ya que llegó a asegurar que “hay cosas” que el Ayuntamiento no va a poder “asumir” sin ese anticipo. Así, Galván advirtió de que si no se solicita ese nuevo préstamo el Consistorio no podrá “pagar la luz, ni los seguros sociales, ni las nóminas”.
De confirmarse, este sería ya el tercer préstamo solicitado por el Gobierno local que preside Mamen Sánchez, un hecho que reprobaron tanto Ganemos como IULV-CA, que en ocasiones anteriores habían llegado a respaldar medidas de estas características. El problema es que ahora ni siquiera se conocen las condiciones del préstamo, toda vez que se trata de un anticipo de las transferencias que debe ejecutar el Estado en 2016 condicionado a la posterior concesión de ese crédito.
“En las dos ocasiones anteriores hemos apoyado la solicitud de un préstamo, pero es ahora no se conoce ni cómo va a ser ese nuevo plan de ajuste y no podemos seguir incrementando los gastos financieros, porque cuando tengamos que pagar vamos a contemplar una situación un poco jodida”, dijo Maribel Ripalda, de Ganemos. Además, esta formación política lamentó que, hasta ahora, no se haya observado en el Gobierno “voluntad” para contener el gasto “en productividades, horas extra o gratificaciones”.
De hecho, más que adoptar esas medidas de contención del gasto, el Pleno aprobó ayer la reincorporación de los trabajadores afectados por el ERE con los votos favorables del PSOE, Ganemos, Ciudadanos e IULV-CA y la abstención del PP.
Esta medida va a incrementar el gasto en alrededor de trece millones de euros, algo que la propia Mamen Sánchez reconoció que “nunca” se había visto en un Ayuntamiento. No en vano, una vez aprobada esta medida, la alcaldesa volvió a insistir en sus críticas a Ganemos e IULV-CA, que horas antes habían rechazado la posibilidad de solicitar ese anticipo de 49 millones de euros. “Nos queríamos agarrar a una medida que permitiría salvar todos los suministros en 2016”, lamentó, en lo que sin duda no era más que un reproche a quienes respaldaron con sus votos este incremento de gasto después de rechazar ese anticipo.
Reincorporación de 118 empleados
La aprobación en Pleno del regreso de los afectados por el ERE con sentencias favorables propició un encendido debate público en el que se sucedieron los reproches al Gobierno de María José García-Pelayo, que ayer no estuvo presente en el salón de plenos.
La delegada de Personal, Laura Álvarez, aportó algunos de los datos que obran en poder de su departamento. Así, de los 147 trabajadores despedidos menores de 59 años, hasta 118 habrían solicitado su reincorporación a la plantilla del Ayuntamiento, mientras una docena de ellos opta por la indemnización.
La operación, según las cuentas del propio Ejecutivo municipal, va a implicar un desembolso aproximado de trece millones de euros en el próximo ejercicio, precisamente de ahí la urgencia de solicitar un préstamo que cubra esta situación que la alcaldesa cuya excepcionalidad resaltó la alcaldesa.
El debate fue seguido por un grupo de afectados por el ERE, que se encuentran ahora pendientes de saber cuándo recuperarán sus puestos de trabajo. El Gobierno local trabaja con el objetivo de que la reincorporación pueda hacerse efectiva a partir del próximo 1 de enero.
Ahora, el problema está en saber cómo va a hacer frente el Ayuntamiento a este sobrecoste, si bien la propia Mamen Sánchez dejó claro que ni el Estado ni la Junta de Andalucía han puesto objección alguna al incremento del gasto en el capítulo de personal dado que lo que en realidad se hace es ejecutar unas sentencias judiciales que ofrecen la posibilidad de elegir entre la reincorporación o el aumento de las indemnizaciones.
No obstante, el concejal del PP Javier Durá pidió al Gobierno local que mostrase el informe jurídico que avala esa reincorporación y, sobre todo, “cómo se plantea esta cuestión desde el punto de vista económico”. Mamen Sánchez aseguró que ese informe existe y, en cualquier caso insistió en que “nadie” puede ir “en contra de unas sentencias judiciales”. Eso sí, no ocultó las dificultades que existen para encajar esta partida en los presupuestos de 2016.
Se abre ahora un periodo de dos semanas encaminado a lograr algún tipo de acuerdo con los grupos de la oposición que permita solicitar el anticipo de 49 millones de euros que arrojaría algo de luz al futuro más inmediato del Consistorio. Es posible que al final se cierre ese acuerdo, aunque sólo sea con el PP, que es quien parece más predispuesto a hacerlo. En todo caso, el Pleno de ayer dejó claro que gobernar con siete concejales es casi imposible, salvo que se hagan cesiones a los grupos de la oposición.
El Consistorio se suma al Pacto Social por el Agua
El Pleno aprobó la adhesión del Ayuntamiento al denominado Pacto Social por el Agua gracias a los votos del PSOE, Ganemos e IULV-CA y la abstención del PP y Ciudadanos, que entre otras cosas cuestionaron que esta medida implique un abono anual de 4.500 euros a una organización que tiene como gerente a Luis Babiano, de Podemos. La adhesión de Jerez a esta plataforma, que cuenta con más de 300 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y académicas, supondrá la incorporación de Jerez a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), cuyo gerente es Luis Babiano. Con el apoyo a este acuerdo, la Corporación se compromete a constituir antes una comisión para el desarrollo del Pacto Social del Agua antes de que concluya el presente ejercicio. Ese órgano estará integrado por tres técnicos municipales y tres expertos designados por la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua de Jerez.
El acuerdo incluye el rechazo a que Aquajerez pueda hablar en nombre del Ayuntamiento a través de plataformas en las que participan las compañías que prestan servicios de suministro de aguas.
José Antonio Díaz ejerció como portavoz del grupo socialista, advirtiendo de que la adhesión del Ayuntamiento de Jerez a este pacto no es más que “el compromiso firme del Gobierno por un nuevo modelo de gestión del agua donde no primen las leyes del mercado”. Además, Díaz defendió el abono de 4.500 euros a la organización de Luis Babiano porque, entre otras cosas, “está promoviendo la remunicipalización del servicio en distintos municipios”.
A juicio del Ejecutivo, esos 4.500 euros no suponen un gasto, sino que constituyen “una inversión” que, entre otras cosas va a “ayudar” al Ayuntamiento a facilitar el proceso para que algunas entidades locales autónomas (ELA) “gestionen el agua de forma pública”.
La propuesta fue defendida por el portavoz de IULV-CA, Raúl Ruiz-Berdejo, que definió a la iniciativa como “un gran pacto de todas las fuerzas” políticas que en su momento se opusieron a la “privatización” de la gestión del ciclo integral del agua. Este acuerdo tiene como “objetivo en el horizonte” la “remunicipalización” del servicio, para lo cual será necesario obtener “la ayuda de quienes ya saben andar ese camino”, en referencia a la aportación económica que va a realizarse a la organización de Luis Babiano.
Maribel Ripalda, de Ganemos, destacó por su parte los “importantes beneficios” que tendrá pertenecer a esta asociación y defendió la idea de que la gestión de este servicio “tiene que volver a manos públicas”.
El portavoz de Ciudadanos, Carlos Pérez, mostró su extrañeza por las “prisas” del resto de fuerzas políticas por “adherirse” a la organización de Luis Babiano “y no a la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), que es a la que pertenecen el 95 por ciento de los ayuntamientos”.
Desde el grupo popular, Antonio Saldaña incidió en la contradicción que supone que el PSOE respalde en Jerez la propuesta de incorporación a este colectivo “cuando en Cádiz han votado en contra alegando que esta asociación la lleva un señor de Podemos”.
PSOE, Ganemos e IULV-CA cerraron filas y respaldaron esta propuesta, justificando Ruiz-Berdejo la decisión de incorporarse a Aeopas y no a AEAS en el hecho de que en esta segunda organización “están las grandes multinacionales del agua”. Además, el coste de 4.500 euros “es asumible” para integrarse en una asociación que “es toda una referencia”, al igual que “el señor Luis Babiano”. La aprobación de la propuesta contó con el aplauso de los representantes de la Coordinadora en Defensa de la Gestión Pública del Agua de Jerez, que ahora van a integrarse en una comisión junto a los técnicos municipales.
