La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha "suspendido" al Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Espadas (PSOE), en materia social, por sus "insuficientes e inexistentes políticas para atajar a corto y medio plazo los casos de extrema necesidad", así como por la ausencia de "un plan integral en asuntos sociales a largo plazo".
En un comunicado, APDH-A expone que esperaba que "al menos que en este comienzo de legislatura, este Ayuntamiento mostrara proyectos y planes donde se recogiera como piensa dar solución" a los problemas de los desfavorecidos y "presentase un plan de actuación para los casos más urgentes y que requieren una solución inmediata", pero por ejemplo, "seguimos sin saber de qué manera se piensa erradicar el chabolismo o si se piensa dotar con más medios a los servicios sociales que trabajan con esta población".
"Seguimos sin saber, además, qué planes tiene el ayuntamiento para atender a todas las personas sin hogar. Nos preocupa la falta de medidas o que no se adopten las necesarias de cara al próximo invierno que se avecina, y siempre esperamos que los servicios no sólo se den para este periodo, sino de forma permanente", dice la organización, que desconoce "si se dotara de más plazas de alojamiento en los albergues ya existentes o si hay un plan para crear nuevos albergues en otras zonas de la ciudad".
En paralelo, echa en falta "una estrategia municipal en defensa del derecho a la vivienda para todas las personas". "Aún reconociendo que ha habido cierto movimiento por parte del Ayuntamiento, es a todas luces insuficiente y desestructurado, pues si bien se han parado algunos desahucios, y reconocemos el hecho en lo que vale, la Oficina Antidesahucios, así como el Protocolo de Emergencia que este Ayuntamiento dice haber puesto en marcha (totalmente desconocido para las UTS de los distintos distritos, como para el resto de fuerzas políticas y ciudadanos), no debería funcionar como un mero apaga fuegos, sino que debería estar enmarcados en un Plan Urgente de Vivienda".
"Denunciamos que una ciudad que ha padecido más de 10.000 desahucios mantenga viviendas públicas vacías. Es un lujo que no nos podemos permitir y hasta ahora lo único que se ha hecho al respecto es un sorteo de 91 viviendas y la intención de poner a la venta 131 de la empresa pública Emvisesa, con la promesa de que a final de año no quede ninguna vacía, pero sin concretar si el sistema de adjudicación seguirá siendo el sorteo o se regirán por criterios de necesidad familiar".
APDH-A, así, echa en falta "una actuación ordenada, coordinada y urgente de todo los recursos del ayuntamiento, que de solución a la angustiosa situación de las familias que ahora mismo se ven en riesgo de exclusión social ante la pérdida de la vivienda por desahucio hipotecario o de alquiler, o para las familias que ante la pérdida sus viviendas, se vieron en la necesidad de ocupar y que están denunciadas por las entidades bancarias propietarias de las viviendas ocupadas". "Tampoco se ha puesto remedio, ni se sabe cómo lo pondrán, para el caso de las miles de familias que se ven privadas de los suministros básicos de agua, luz o gas, ante el impago de los mismos".
"La falta de datos y de proyectos nos hace pensar que las promesas hechas durante la campaña electoral no estaban sustentadas en un trabajo previo y que la improvisación y la falta de criterio están siendo las normas que marcan las políticas sociales de este Ayuntamiento", concluye la organización, que suspende al Consistorio hispalense dada sus "insuficientes e inexistentes políticas para atajar a corto y medio plazo los casos de extrema necesidad, así como un plan integral en asuntos sociales a largo plazo".
