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Registran la sede del PP de Madrid por sospechas de financiación irregular del partido

Las sospechas se centran en pagos realizados por el consejero de OHL Javier López Madrid al que fuera gerente del PP de Madrid hasta octubre de 2014, Beltrán Gutiérrez, quien abandonó el cargo tras el escándalo de las 'tarjetas black' de Caja de Madrid

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  • La sede del PP de Madrid -

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha ordenado este jueves una operación policial que afecta al Partido Popular de Madrid. El magistrado investiga la presunta comisión de delitos de cohecho y blanqueo de capitales dentro de una nueva fase de la 'Operación Púnica', apunta a una supuesta financiación irregular del partido en Madrid, según informan fuentes jurídicas.

   Las sospechas se centran en pagos realizados por el consejero de OHL Javier López Madrid al que fuera gerente del PP de Madrid hasta octubre de 2014, Beltrán Gutiérrez, quien abandonó el cargo tras el escándalo de las 'tarjetas black' de Caja de Madrid, según las mismas fuentes.

   De momento los hechos investigados se incardinan en los delitos de cohecho y blanqueo de capitales puesto que en el momento de producirse la presunta entrega del dinero aún no existía el de financiación irregular de partidos políticos, que fue introducido en la última reforma penal.


REGISTROS

   En el curso de la instrucción ha ordenado cinco registros, entre ellos la sede del PP de Madrid, que está dentro de la sede nacional en la calle Génova de Madrid.

    En este sentido, la Guardia Civil ha accedido al despacho del ex-gerente regional del partido, que sigue siendo empleado en la formación,  y se ha revisado el ordenador con el que trabaja habitualmente. Gutiérrez acompañaba a los agentes en el momento del registro, tras concluir el que se había desarrollado en su vivienda.

   Agentes de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado (UCO) han accedido también al domicilio, así como a dos despachos personales del empresario Javier López Madrid, si bien una portavoz oficial de OHL ha especificado a Europa Press que no se han visto afectadas por estas actuaciones ninguna de las plantas que ocupa la constructora en su sede de Madrid, ubicada en Torre Espacio.

   Fuentes de la investigación apuntan a que los registros han tenido que ser adelantados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tras la publicación estos días en un medio de comunicación de la existencia de esta parte de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario.

   Los registros habían terminado antes de las siete de esta tarde y no se espera que el juez ordene por el momento nuevas entradas, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción que no descartan que se puedan practicar nuevas diligencias en los próximos días tras analizarse los documentos incautados este jueves. De momento se descartan también detenciones en relación con estos hechos.

   La urgencia del magistrado habría obedecido a la publicación el pasado lunes en 'El Español' de una información que apuntaba que  la Unidad Central Operativa (UCO) investigaba la veracidad de unos apuntes requisados en una agenda de Francisco Granados donde se señalaban posibles cobros de comisiones ilegales al PP de Madrid. Aquí habría quedado constancia de que Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir y miembro del consejo de administración de OHL, habría abonado importantes cantidades de dinero.

   Según este medio, el manuscrito de Granados reflejaba una serie de pagos junto a las letras "JLM", iniciales que los agentes atribuyeron de forma indiciaria a Javier López Madrid. Este extremo habría sido corroborado por el empresario David Marjaliza, testaferro del exvicepresidente madrileño, y que puso a los agentes en alerta sobre la existencia de esta agenda.

   Según esta información, había anotaciones con "JLM" y otras con "me", en inglés, que correspondían al dinero detraído por el propio Granados, o con "B.G", correspondiente a Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid e investigado también por el caso Gürtel. También se mencionaba a Ignacio Palacios, al que la UCO sitúa como el 'cobrador' de Granados.

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