Bolivia inició hoy el periodo del "silencio electoral" antes de concurrir a las urnas el domingo para aprobar o rechazar una reforma constitucional para la reelección del presidente Evo Morales, en medio del luto por los seis muertos en un incendio durante una protesta en la ciudad de El Alto.
El presidente Morales y sus seguidores cerraron el miércoles la campaña a favor de la reforma constitucional que permita al gobernante volver a postular en los comicios de 2019, y también lo hicieron los partidos políticos y colectivos ciudadanos que rechazan la iniciativa oficialista.
Mientras el mandatario asistía al acto proselitista de su partido en la zona sur de La Paz, en la vecina El Alto una turba saqueaba e incendiaba la Alcaldía de esa ciudad, gobernada por la opositora Soledad Chapetón, de la centrista Unidad Nacional (UN).
Una marcha convocada por padres de familia para reclamar a Chapetón más atención para las escuelas alteñas derivó en los actos vandálicos que se saldaron con seis fallecidos por asfixia y alrededor de una veintena de heridos.
Centenares de alteños lloraron hoy a sus muertos y pidieron que se haga justicia y se encuentre a los responsables del asalto e incendio de la Alcaldía.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica han pedido a las autoridades que se investigue el suceso para encontrar y sancionar a los autores.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lamentó el miércoles los sucesos en El Alto y convocó a los ciudadanos a ejercer "su derecho ciudadano al voto con respeto pleno a las personas, el diálogo plural y la tolerancia hacia todas las visiones y propuestas".
La entidad también recordó que desde hoy rige el periodo de "silencio electoral", durante el que está prohibida "toda expresión de campaña en espacios públicos, así como todo tipo de propaganda electoral por cualquier medio".
El TSE recordó en un comunicado que serán sancionadas las personas, organizaciones y medios de comunicación que difundan propaganda fuera del plazo establecido.
Como ha ocurrido en anteriores votaciones, el "silencio electoral" no impidió que el presidente y el vicepresidente Álvaro García Linera aparecieran en sendos actos de entregas de obras transmitidos por los medios estatales.
Además de la restricción a las campañas, las gobernaciones de las nueve regiones bolivianas han dispuesto el "auto de buen gobierno" que regirá desde las 00.00 locales del viernes (04.00 GMT), por el que queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos e incluso en domicilios privados.
También están vetadas las reuniones y espectáculos públicos y el día de la votación no se podrá circular en vehículos privados ni públicos, ni viajar, entre otras prohibiciones.
Más de 6,5 millones de bolivianos están habilitados para votar en el referendo, en el que se someterá a consulta una modificación del artículo 168 de la Constitución para ampliar de dos a tres los mandatos presidenciales consecutivos permitidos, al sustituir el término "una sola vez" por "dos veces" para las reelecciones.
Si la reforma es aprobada, Morales y García Linera, que el pasado 22 de enero cumplieron diez años en el poder, podrán volver a ser candidatos en 2019, o en el futuro cualquier candidato que gane.
El referendo contará con la presencia de un centenar de observadores de misiones electorales enviadas por diversos organismos, las más numerosas serán las de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), informó la presidenta del TSE, Katia Uriona.
Morales se comprometió, por su parte, a respetar el resultado del referendo, tras la petición planteada en ese sentido a las fuerzas oficialistas y opositoras por el secretario general de Unasur, el colombiano Ernesto Samper, de visita en Bolivia.
En medio de los preparativos electorales, la atención siguió concentrada este jueves en los sucesos de El Alto.
Dos personas han sido imputadas como presuntos culpables de homicidio, tentativa de homicidio, asociación delictiva y afectación a bienes del Estado, informó el fiscal general, Ramiro Guerrero, durante una visita al lugar del suceso.
Además, hay otras tres personas arrestadas como parte de las investigaciones que lleva a cabo una comisión de cinco fiscales, seis médicos y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses.
El Gobierno y la oposición cruzaron en las últimas horas duras acusaciones debido a la supuesta tardanza de la policía en intervenir, a pesar de que según testigos presenciales había agentes en las inmediaciones.
El presidente del Senado, el oficialista José Alberto Gonzales, pidió "que no se utilicen estos muertos con fines políticos, pensando en el referendo de este próximo domingo, de un lado, ni del otro", según un comunicado de la Cámara Alta.
