El equipo de gobierno trabaja desde hace meses en la fórmula que permita al Ayuntamiento establecer un abaratamiento de los costes que en la actualidad supone el servicio de tratamiento de residuos. Un servicio que desde el 1 de julio de 2008 está concertado con la planta de Las Calandrias a través de un convenio con la empresa Aguas de Jerez (AJEMSA) que supone un coste anual de aproximadamente 1 millón 750 mil euros.
Como dato informativo cabe destacar que este convenio regula todos los aspectos de la entrega de los residuos urbanos procedentes de El Puerto a Las Calandrias, su periodo de vigencia, las formas de pago, las actualizaciones de precios e incluso una comisión de seguimiento entre ambas partes.
El pasado mes de junio de 2015, el nuevo equipo de gobierno encontró sobre la mesa facturas por valor de más de un millón de euros reparadas por la Intervención Municipal. Una situación que “el equipo de gobierno no podía seguir permitiendo” según el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Antonio Chacón, quien desde entonces ha mantenido diversos encuentros con los responsables políticos y el personal técnico del Ayuntamiento de Jerez a fin de dar viabilidad a este servicio, “sin que ello supusiera reparos ni informes en contra del Interventor”, según ha puntualizado Chacón.
A partir de entonces, de forma trasversal con el área de Economía y Hacienda, el equipo de gobierno comenzó a estudiar la fórmula más rentable para dar continuidad al servicio de tratamiento de residuos con el objetivo de reducir la tasa municipal y barajándose para ello tres alternativas posibles, las mismas que expuso durante el pleno celebrado este miércoles el delegado municipal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Antonio Chacón.
Por un lado continuar con la gestión en la planta de Las Calandrias, aunque esta opción según recogen los informes de los técnicos municipales del Ayuntamiento de El Puerto “no supone mejora de los rendimientos ni eficiencia de la planta que repercutan en la disminución de tarifas”. En segundo lugar está la alternativa de sumarse al Consorcio Bahía de Cádiz, “una alternativa interesante si se establece un precio único para todos los municipios”.
La última opción prevista es la de iniciar un proceso para la licitación en abierto que conllevaría a la privatización del servicio.
Ante esta última posibilidad, objeto de la moción presentada ayer en el Pleno por el Partido Popular el equipo de gobierno sostiene que es una opción más a tener en cuenta, “pero no la única alternativa”. De hecho, el gobierno votó en contra la moción precisamente porque según expuso Javier Botella “aunque estamos a favor de abrir el proceso de revisión, pendiente desde hace años, existen otras alternativas y elegiremos la más rentable y eficaz para El Puerto, no la que convenga al lobby de turno”.
En esa misma línea, el teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Antonio Chacón, exponía que “se estudiarán todas las opciones priorizando la gestión pública frente a la privatización del servicio”. Para argumentar el no a la moción el gobierno manifestó que “aceptarla supondría encorsetar la gestión y las posibilidades que tenemos sobre la mesa”.
Javier Botella recordó que “han pasado ocho años sin que haya habido una sola gestión en este sentido, permitiendo facturas con reparos con un valor superior al millón de euros”. Al hilo de esta “falta de gestión” el responsable de Economía y Hacienda expuso en su intervención una cronología remontándose al 20 de febrero de 2015, cuando la entonces responsable del área de Medio Ambiente “envió un correo planteando la creación de una mesa de trabajo para el estudio previo de la nueva ordenanza de recogida y tratamiento de residuos que tendría carácter permanente, con sesiones periódicas cada quince días en las que estarían presentes las áreas de Medio Ambiente y Economía además del departamento de Informática de El Puerto Global y la empresa APEMSA”.
El responsable municipal continuó explicando que la primera de esas reuniones se celebró el 4 de marzo de 2015 y que el 7 de abril de ese mismo año, un mes después, “la anterior concejala suspendió las reuniones hasta nuevo aviso quizás para poder hacer su campaña electoral”.
En el año 2016 las reuniones se han vuelto a reanudar y hasta la fecha se han celebrado hasta cuatro encuentros, tres durante el mes de febrero y una el pasado 4 de abril “para buscar una viabilidad económica del servicio y abaratar con ello la tasa de basura que pagan todos los contribuyentes”.
