La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha dado "por concluido" el asunto incoado en 2012 a instancias del comité de empresa del mercado central hispalense, Mercasevilla, sobre la liberalización de los servicios que prestaba la plantilla de la compañía, determinando que "en general, está de acuerdo" con el dictamen de 2013 según el cual "el marco reglamentario de Mercasevilla no debe contener restricciones a la actividad de otros proveedores", pero "el derecho de la UE no exige la privatización con el fin de suprimir restricciones innecesarias".
A través de una breve notificación fechada el 11 de mayo y recogida por Europa Press, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo da cuenta de que examinó nuevamente esta petición los pasados días 18 y 19 de abril, teniendo "debidamente en cuenta" el dictamen motivado de fecha 30 de octubre de 2013.
Dicho dictamen, elaborado a instancias del comité de empresa de Mercasevilla ante la liberalización de los servicios que la plantilla de la compañía prestaba en el mercado central, traducida en 129 despidos y la externalización de otros tantos puestos de empleo, determinaba que "el marco reglamentario que rige Mercasevilla no debe contener restricciones a la actividad de otros proveedores discriminatorias, desproporcionadas o que carezcan de justificación", pero "el derecho de la UE no exige la privatización de Mercasevilla con el fin de suprimir restricciones innecesarias".
"Sobre la base de esta información con la que, en general, está de acuerdo, la Comisión de Peticiones decidió dar por concluido el examen de la petición y archivar por consiguiente el asunto", concluye la breve notificación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
LA LIBERALIZACIÓN DE MERCASEVILLA
Hablamos de los servicios de carga, descarga, facturación y cobro que la plantilla de Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense, prestaba en la lonja de pescado, aspecto que implicaba un gravamen para los mayoristas de pescado.
Precisamente por ello, allá por 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla alertó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de que la prestación y cobro de estos servicios implicaba una supuesta "vulneración" de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y en 2011 concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesaba sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento", detectando que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.
EL ERE DE 2013
Así, bajo la premisa de que así lo estipulaban las regulaciones comunitarias y esgrimiendo un informe del secretario municipal que aconsejaba la liberalización de todos los servicios de Mercasevilla no públicos o comunes, el Ayuntamiento modificó en 2013 los reglamentos de Mercasevilla, liberalizando los servicios que los trabajadores de la empresa prestaban en la lonja de pescado. Los mayoristas de pescado, así obtenían libertad para contratar como quisiesen las labores de carga de género, pesaje y facturación y cobro de ventas.
Dada la incidencia de este aspecto sobre su plantilla, Mercasevilla acometió un expediente de regulación de empleo (ERE) saldado con 129 despidos, un despido colectivo avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según el cual "la obligatoriedad de los ayuntamientos de prestar el servicio en los mercados se limita a controlar la salubridad e higiene de los productos y fomentar la competencia entre los empresarios (...), pero no alcanza a que se imponga la utilización obligatoria de determinado personal por parte de los empresarios mayoristas".
Y merced a las acciones del comité de empresa ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, pues los trabajadores consideraban que la liberalización respondía a una mera decisión "política", la Comisión Europea emitió en octubre de 2013 un "dictamen motivado", según el cual "el marco reglamentario que rige Mercasevilla no debe contener restricciones a la actividad de otros proveedores discriminatorias, desproporcionadas o que carezcan de justificación", pero "el derecho de la UE no exige la privatización de Mercasevilla con el fin de suprimir restricciones innecesarias".
