La titular del Juzgado de Instrucción 1 de La Palma del Condado (Huelva) ha abierto juicio oral contra F.J.M., el único acusado por la muerte a finales de abril de 2013 de una niña de 8 años y su padre, cuyos cuerpos fueron hallados en el interior de la vivienda en la que residían.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, se especifica que se ha decretado la medida después de que la defensa del acusado manifestara en la vista preliminar fijada por ley para el pasado 7 de julio su renuncia a dicha celebración y su aquietamiento con la apertura del juicio oral solicitada por el resto de las partes.
Todo ello después de que la Fiscalía y las dos acusaciones particulares hayan presentado sus escritos de acusación en los que coinciden en solicitar para el acusado 25 años de cárcel por cada uno de los dos delitos de asesinato que le imputan y su defensa la libre absolución.
Indica la juez también los hechos respecto de los que procede el enjuiciamiento de esta persona, en base a todos los que han sido objeto de acusación.
Relata de esta forma que el día 27 de abril de 2013, entre las 21:45 y 22:00 horas, F.J.M., que mantenía una relación sentimental desde hacía años con la esposa de la víctima, M.A.D.E., accedió a la vivienda de ésta con la intención de acabar con su vida.
Para ello, se hallaba debidamente pertrechado y provisto de guantes, sorprendiendo en el acto a M.A.D.E., que acababa de salir de la ducha, e iniciando con él una discusión en el curso de la cual, sin que éste pudiera reaccionar de forma alguna, comenzó a agredirle de forma indiscriminada con el cuchillo que portaba, causándole lesiones consistentes en 47 heridas y provocando su muerte.
En la vivienda estaba también una menor de ocho años, hija M.A.D.E., con cuya vida también decidió acabar el acusado asestándole de forma repetida y por todo el cuerpo múltiples cuchilladas, lo que le causó lesiones consistentes en 104 heridas que le provocaron su muerte.
Según el auto judicial debe ser juzgado como procesado y como responsable civil por estos hechos F.J.M., acordándose el mantenimiento de la situación de prisión provisional del mismo e imponiéndole que preste 300.000 euros de fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias a las que pudiera ser condenado.