La federación de asociaciones de víctimas por adopciones ilegales y desapariciones forzadas infantiles en el Estado español, Coordinadora X-24, ha solicitado al Juzgado de lo Penal número 3 de Almería que suspenda provisionalmente la ejecución de la sentencia dictada contra la presidenta de SOS Bebés Robados Almería, María Ascensión López, quien fue condenada por calumnias al pago de una multa de 3.000 euros y de una indemnización de 40.000 euros a la monja Dolores Baena, a quien acusó en medios de comunicación de "organizar" su supuesta adopción ilegal.
La entidad ha solicitado la suspensión de la ejecución a la espera de que se resuelva la petición de indulto total realizada el pasado día 22 ante el Ministerio de Justicia, debido a la "imposibilidad de pagar la multa que le ha sido impuesta", lo que obligaría a la condenada a ingresar en prisión durante cinco meses.
En una nota, la organización ha apuntado que la parte demandante ha solicitado la ejecución de la sentencia, por lo que teme que "no dé tiempo a obtener el esperado indulto antes de que la sentencia se ejecute y María Ascensión vaya a la cárcel".
"Esto sería una tragedia tanto para María Ascensión, cuyo estado de salud y familiar es extremadamente delicado, como para todas y cada una de las víctimas por el robo de bebés y personas en busca de su identidad", han considerado desde Coordinadora X-24.
La entidad también ha iniciado una campaña de recogidas ciudadanas a través de la plataforma Change.org para recabar apoyos al indulto, la cual ya ha superado las 600 firmas. Además de la recogida de firmas a través de esta plataforma, la Coordinadora X24 ha recibido ya "centenares de adhesiones" por parte de numerosas asociaciones, organizaciones, entidades, ciudadanas y ciudadanos, que se enviarán al Ministerio de Justicia.
Según ha recordado la federación, López Rodríguez declaró el 10 de junio de 2015 como presunta víctima del robo de niños durante el franquismo y presidenta de una de las asociaciones pertenecientes a la CeAqua, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, como parte de la causa denominada como 'Querella argentina'.
