La Junta de Andalucía exigió en 2013 la devolución de la ayuda de 463.118 euros que concedió a la empresa "Sabor Sanlúcar", cuyo propietario ha sido detenido, junto a otras diez personas, acusado de malversar una subvención de más de dos millones de euros de fondos de la Unión Europea.
En una nota de prensa la Junta de Andalucía explica que exigió el 13 de septiembre de 2013 a la empresa "Sabor Sanlúcar" el reintegro de una ayuda de 463.118 euros que le había concedido en el 2011, por incumplir la ejecución de la inversión.
Esta ayuda fue concedida en el marco de la línea destinada a la mejora de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y acuicultura, incluidas en el Fondo Europeo de la Pesca.
La Consejería de Agricultura y Pesca aprobó para la empresa sanluqueña una subvención de 1,05 millones de euros sobre una inversión aceptada de 3,5 millones de euros, en un proyecto que preveía construir una nueva nave en el polígono agroalimentario de Jerez de la Frontera.
El plazo de ejecución de la inversión se fijó el 30 de marzo de 2012, pero finalmente se prorrogó tras dos peticiones de ampliación por parte del representante de la empresa.
El 26 de marzo de 2013 la Consejería materializó el pago de 463.118 euros de la subvención aprobada y quedaba pendiente el ingreso de 593.674 euros de la ayuda aprobada cuando se justificara el resto de la inversión aceptada, que ascendía en total a 3,5 millones de euros.
El 10 de junio de 2013 un grupo de técnicos de la Delegación Territorial de Agricultura se trasladó al lugar de ejecución de la inversión para comprobar el estado de las inversiones y constató que no estaban finalizadas.
Por ello propuso la revocación de la subvención, al no haberse cumplido las fechas de ejecución del proyecto.
Contra esta resolución, Sabor Sanlúcar presentó un recurso contencioso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en enero de 2014, que fue desestimado.
Desde entonces la Junta lleva esperando que el empresario cumpla con la devolución de la subvención, ya que no ha respondido a su requerimiento.
Además de la ayuda de la Junta de Andalucía, el empresario había logrado para levantar este proyecto una ayuda del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de 2.129.261 euros, acogiéndose a un programa de reindustrialización subvencionado con fondos procedentes de la Unión Europea.
Sin embargo, según la Policía, en lugar de levantar este proyecto diseñó toda una trama de facturaciones falsas, con la connivencia de una sociedad de construcción industrial de la ciudad de Sevilla y empresas suministradoras de recursos de las localidades de Sevilla y Madrid.
