El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) ha celebrado este jueves en el salón de actos la sede de la Fundación Fidas, una jornada de trabajo sobre la Ordenanza de Obras y Actividades aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla en 2013, con el objetivo de revisar la aplicación de la Ordenanza en estos tres primeros años de funcionamiento.
Los debates han sido moderados por el decano del COAS, Ángel Díaz del Río, que ha propuesto que se refuerce la gestión de los organismos implicados contratando profesionales externos que ayuden a "desatascar el bloqueo actual de la concesión de licencias".
Según señala el COAS en un comunicado, esta nueva normativa, que unifica la tramitación de las licencias de Obras y Actividades, se ha "revelado como un fracaso" después de estos tres años, y en la práctica ha desembocado en un "bloqueo", entre otras cosas porque las estructuras administrativas afectadas, Gerencia de Urbanismo y Servicio de Protección Ambiental, "no se han unificado".
Así, ante los "graves perjuicios" que asegura que esta situación causa a los profesionales y empresas, el decano ha advertido de la "necesidad imperiosa de buscar soluciones, porque las inversiones huyen de la ciudad".
La jornada ha contado con ponencias de Alfonso Pinto, jefe del Servicio de Protección Medioambiental del Ayuntamiento de Sevilla, y de Amparo Guerrero, jefa del Servicio de Licencias e Inspección Urbanística. Según señala, ambos han reconocido que se han detectado "disfunciones y retrasos, derivados de la complejidad del procedimiento y de los defectos de la propia Ordenanza, y han explicado que se trabaja en la solución, contando con las propuestas de los profesionales".
Entre las posibles soluciones, en la jornada se ha comentado la posibilidad de volver a tratar de "forma diferenciada las licencias de obras y de apertura o actividad, que el mismo Pinto advirtió que son asuntos diferentes, puesto que la obra se hace y se termina, y la actividad viene después y es permanente".
Las sesiones han finalizado con una mesa redonda en la que, además de Amparo Guerrero y Alfonso Pinto, han intervenido la vocal de la Junta de Gobierno COAS Silvia Erice, la decana del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, Ana María Jáuregui Ramírez; el jefe del Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos del Ayuntamiento, Andrés Salazar Leo, y Eduardo Martínez Zúñiga, arquitecto y asesor técnico Gaesco.
Silvia Erice "evidenció los defectos" de la ordenanza al subrayar que en su momento el COAS presentó 34 alegaciones a la nueva ordenanza y fueron admitidas 30. Considera también que los plazos incluso se han alargado. Por su parte, Ana María Jáuregui ha subrayado que, aunque la ordenanza tuvo buena acogida, la "falta de personal ha impedido que funcionen las mejoras introducidas". Entre las posibles soluciones, ha propuesto un control a posteriori ágil para las declaraciones responsables.
Eduardo Martínez Zúñiga, de Gaesco, ha sugerido que se elabore una normativa más breve y simplificada. "Ése era el espíritu con el que se creó la norma, al unir las licencias de urbanismo y medio ambiente en un procedimiento único, pero ha fallado la reestructuración del personal de ambas áreas o reorganización funcional. La ventanilla única no se ha conseguido", agrega.
Finalmente, Andrés Salazar, de la Gerencia de Urbanismo, ha dicho que la norma está bien vertebrada, pero en su aplicación no ha cumplido con todas las expectativas creadas, "entre otras cosas por falta coordinación entre los funcionarios". Pero "no podemos dejar al administrado como perjudicado en medio de nuestras diferencias entre las áreas técnicas que se pronuncian sobre los proyectos", incide.
Asimismo, ha abogado por reducir los supuestos de las licencias que hay que someter a consideración de la Comisión de Patrimonio, y ha defendido que para agilizar se amplíen los casos que pueden acogerse a la declaración responsable con control posterior.
