El Congreso ha censurado al Gobierno por las condiciones de su amnistía fiscal de 2012 y ha aprobado este martes una moción de Ciudadanos en la que le emplaza a exigir una tributación del 10% de los bienes y capitales aflorados en dicha regularización, a poco más de un día que concluya el plazo para que prescriba la posibilidad de abrir una investigación.
La moción, derivada de una iniciativa presentada por la formación naranja y que recoge aportaciones de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, ha contado con el respaldo de toda la Cámara a excepción del Partido Popular, que ha decidido abstenerse.
Precisamente, tras la votación, el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha señalado que su partido pedirá explicaciones al PP sobre el sentido de su voto porque no ve razonable su postura. En todo caso, ha advertido de que Ciudadanos analizará la situación cuando tenga todos los datos en la mano antes de sacar conclusiones y tomar decisiones.
UN INFORME QUE CIUDADANOS DENUNCIA "ILEGAL"
La formación naranja ha venido denunciando reiteradamente --el Pleno del Congreso ya aprobó otra moción en este sentido-- que en la regulación fiscal se acabó tributando un 3% final, y no el 10% exigido inicialmente en virtud de una instrucción emitida por la Dirección General de Tributos
El informe que permitió esto, señalan desde Ciudadanos, fue considerado "ilegal" tanto por el Congreso en la pasada legislatura como por los inspectores de Hacienda. En las instrucciones se citaba textualmente --en contra de lo previsto en la normativa tributaria-- que las declaraciones por las que se acogieron los contribuyentes a la regularización "no eran comprobables".
Por ello, piden revisar la regularización, anular las instrucciones internas y obligar a la Dirección General de la Agencia Tributaria a realizar con carácter de urgencia las comprobaciones inspectoras antes del citado miércoles 30 de noviembre.
INVESTIGAR A LOS QUE DECLARARON Y SI HUBO BLANQUEO.
Asimismo, la moción insta al Gobierno a reclamar al Congreso los informes jurídicos en los que se fundamentó Hacienda para considerar que las obligaciones derivadas de la declaración no prescriben nunca y que se investigue a todos los contribuyentes que se acogieron a la amnistía.
Por otro lado, la moción aprobada por el Congreso insta a que se remita urgentemente a los órganos judiciales todos aquellos casos de contribuyentes acogidos a la amnistía que presenten indicios de blanqueo de capitales antes de la prescripción de dichos delitos.
La mención a la prescripción es fruto de la enmienda de En Comú, que también incluyó en la iniciativa la instancia a elaborar un Plan de Lucha Integral contra el Fraude Fiscal "que incremente recursos humanos en la Agencia Tributaria mediante oferta pública de Empleo englobando sus acciones en un horizonte plurianual".
Es la segunda vez que el Parlamento pide cuentas al Ejecutivo por aquella regularización fiscal. La vez anterior fue el 27 de septiembre, también a iniciativa de Ciudadanos.
