Los grupos de Participa e IU en el Ayuntamiento de Sevilla han criticado este viernes los expedientes sancionadores incoados por la Subdelegación del Gobierno contra sus concejales, por los incidentes acontecidos el pasado 7 de junio en el Ayuntamiento hispalense. Aquel día, recordémoslo, los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) celebraron una protesta sorpresa dentro del Consistorio, siendo finalmente desalojados junto a tales concejales y miembros de Participa e IU.
En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el concejal de Participa Sevilla Julián Moreno, objeto de uno de estos expedientes sancionadores que incluyen multas de cien euros, ha mostrado su "sorpresa" por tales sanciones. Y es que según recuerda, estos ediles estaban en su "centro de trabajo", desempeñando su labor y apoyando al mencionado colectivo de extrabajadores eventuales de Lipasam, quienes "estaban legítimamente reivindicando sus derechos".
"Están intentando reprimir y criminalizar el derecho a la protesta", ha alertado Julián Moreno, anunciando que los citados expedientes sancionadores serán objeto de recurso.
Daniel González Rojas, portavoz municipal de IU y también objeto de uno de estos expedientes, ha lamentado estas "multas injustas en aplicación de la injusta ley mordaza", coincidiendo en que tras las sanciones reside la pretensión de "criminalizar las protestas". Además, ha tachado de "absurdo" que la Policía Local acabase expulsando a estos ediles del propio Ayuntamiento, "por la única intención de reunirse con unos trabajadores".
"No nos han metido el miedo en el cuerpo", ha aseverado Daniel González Rojas, criticando que Sevilla cuente con "el PSOE más de derechas de todo el Estado".
Los expedientes sancionadores, recogidos por Europa Press, se dirigen contra los ediles de Participa Susana Serrano y Julián Moreno, así como contra los concejales de IU Daniel González Rojas y Eva Oliva, y su coordinador local, Ismael Sánchez. En todos los casos, parten de una "ocupación no autorizada de la sede del Ayuntamiento de Sevilla", donde los activistas del citado colectivo laboral "ocuparon y se sentaron en la escalera principal impidiendo el paso de las personas, con pancartas y gritando consignas".
"El jefe del dispositivo (de la Policía Local) les comunicó en tres ocasiones que debían desalojar las instalaciones municipales, sin que atendieran el requerimiento", abundan los expedientes, según los cuales estas personas, que actuabas respaldadas por concejales y miembros de Participa e IU, fueron "informadas de que la desobediencia o resistencia podría constituir un ilícito penal".
Dado el caso, y respecto a todos estos concejales, los expedientes señalan una "infracción administrativa leve" de la Ley 2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, criticada como la "ley mordaza" por diferentes fuerzas y colectivos. Así, habilitan un plazo de 15 días para formular alegaciones y en caso de no haberlas, los procedimientos serán resueltos con sanciones de cien euros, la multa de menor cuantía que determina la citada Ley para este tipo de infracciones, "ya sin reducción".
En el caso de los extrabajadores eventuales de Lipasam que protagonizaron este acto de protesta, están siendo también objeto de expedientes sancionadores por parte de la Subdelegación del Gobierno, si bien en su caso se les atribuye una "infracción grave" de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. A tal efecto, afrontan sanciones de 601 euros.
LOS EX EVENTUALES DE LIPASAM
A grandes rasgos, este colectivo de trabajadores fue objeto de contrataciones temporales por parte de Lipasam entre 2013 y 2016, para servicios especiales como los de Semana Santa o Feria, debido al conflicto que pesaba sobre la entonces naciente nueva bolsa de empleo.
Y es que el comité de empresa de Lipasam había impugnado la nueva bolsa de empleo, en demanda de que los miembros de la antigua bolsa de empleo, que habrían accedido a la misma sin proceso selectivo previo, fuesen declarados como empleados indefinidos no fijos a cuenta de sus años de relación con la sociedad.
Este conflicto fue resuelto en 2016, cuando por acuerdo entre Lipasam y su comité de empresa, 330 miembros de la antigua bolsa de empleo de 2005 fueron declarados como trabajadores "indefinidos no fijos por tiempo discontinuo", consolidando así su relación con la empresa, y era constituida definitivamente la nueva bolsa de empleo temporal de peones, formada por 600 personas.
Aquella solución llevó a Lipasam a prescindir de las personas contratadas intermitentemente entre 2013 y 2016, dado que las contrataciones temporales se canalizan ahora mediante los indefinidos no fijos por tiempo discontinuo y la bolsa de empleo. Estas personas, en ese sentido, reclaman que se les declare también como trabajadores indefinidos no fijos por tiempo discontinuo, merced al "precedente" de los miembros de la antigua bolsa de empleo.
EL DESALOJO
Tras meses y meses de manifestaciones y protestas, el conflicto tocó techo el pasado 7 de junio, cuando los miembros del colectivo accedieron al interior del Ayuntamiento para reunirse con los concejales de Participa e IU.
Tras celebrar las citadas reuniones, y sin previo aviso, los extrabajadores temporales de Lipasam se concentraron en el vestíbulo del Ayuntamiento y comenzaron un acto de protesta, sin que mediase un acuerdo cuando los agentes de la Policía Local les pidieron que depusiesen su actitud.
Tras ello, los manifestantes y los miembros de Participa e IU-CA que les acompañaban fueron rodeados por la Policía Local y fueron paulatinamente arrinconados hasta la puerta principal del Ayuntamiento, donde finalmente fueron expulsados del edificio, en una actuación que según denuncian estuvo marcada por la "violencia, las patadas, empujones y pisotones".
