Más de 110 jueces y magistrados han secundado este martes en la provincia malagueña la huelga, que se ha desarrollado a nivel nacional y en la que también han participado fiscales. El juez decano de Málaga, José María Páez, ha asegurado que en la capital el paro ha tenido una incidencia "masiva, incluso por encima del 90 por ciento" y unos 500 juicios previstos han sido suspendidos.
Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el número de jueces y magistrados de la provincia que les han comunicado su decisión de secundar la jornada de paro ha sido 114, de estos, cuatro son de Sala del Tribunal Superior en Málaga, 21 de la Audiencia y 89 de órganos unipersonales.
Páez, en rueda de prensa, acompañado por la presidenta de la Audiencia malagueña, Lourdes García; el fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, y magistrados, ha leído un manifiesto elaborado a nivel nacional para explicar las razones de esta movilización "inevitable".
Entre las reivindicaciones, los jueces y fiscales solicitan unas plantillas adecuadas a las necesidades. Así, el juez decano ha indicado que las peticiones para la capital se sitúan en torno a los 30 juzgados, aunque también se requiere "un refuerzo significativo" en las secciones de la Audiencia provincial.
En el caso de los fiscales, López Caballero ha señalado que llevan pidiendo hace años un refuerzo de la plantilla, que ha estimado en 15 fiscales, y no sólo para la capital sino en toda la provincia, donde, por ejemplo, ha dicho que hay cuatro fiscales en Fuengirola, "que tiene una población de más de 100.000 personas en su área de influencia", y lo mismo ocurre en Vélez-Málaga y Torrox.
"Con eso ya está dicho todo", ha indicado el fiscal jefe, quien ha incidido también, como ya ha venido haciendo en las memorias anuales, en la necesidad de aumentar la plantilla de funcionarios de una oficina fiscal "muy mal configurada y peor dotada". "Es una reclamación histórica, porque pese a esta continua reivindicación a día de hoy no se ha atendido de forma suficiente", ha señalado.
MANIFIESTO
En el manifiesto, han recordado que hace diez años los jueces y magistrados de toda España iniciaron una serie de movilizaciones para la modernización de la justicia que culminaron con sendas huelgas judiciales en 2009. "Perdimos el miedo e intentamos trasladar a la ciudadanía las deficiencias y necesidades de la justicia española", han señalado, lamentando que tras este tiempo, la situación "no sólo no ha mejorado sino que ha empeorado notablemente".
"Es ya evidente que no existe ninguna voluntad política por mejorar el funcionamiento de la justicia, que sigue siendo la hermana pobre de las administraciones públicas", señala el documento leído, en el que se añade que en este ámbito no se han realizado las inversiones que se llevaron a cabo hace ya muchos años para la modernización de otros sectores, como la administración sanitaria o la tributaria.
Según el manifiesto, "a la justicia se la mira con desdén a pesar de que se trata de uno de los pilares esenciales del Estado de derecho y por supuesto el último bastión para la tutela de los derechos ciudadanos", recordando que "por los juzgados pasan todos los conflictos sociales, frecuentemente los más graves, tanto en el ámbito civil, como en el social, el administrativo o el penal".
"Si los juzgados no funcionan con agilidad, ello puede ocasionar enormes perjuicios a las personas y a las empresas", han lamentado, apuntando que pese a todo esto "es ya evidente que la justicia no interesa a los sucesivos gobiernos. Tampoco al actual", recordando la "la fallida Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado por la Justicia".
Reclaman "una inversión suficiente que nos saque de esta situación de justicia decimonónica y artesanal en la que nos encontramos, en una especie de 'día de la marmota judicial'" y consideran que "es el momento de explicar a los ciudadanos que los jueces carecemos de recursos propios porque dependemos en lo económico de los restantes poderes del Estado. Somos económico-dependientes. Y nosotros solos no podemos mejorar nuestro abandonado sistema judicial".
Por esto, señalan que "la justicia en España será en definitiva lo eficaz que quiera el gobierno de turno", lamentando la inversión en este ámbito que recoge los Presupuestos Generales del Estado. Así, han recordado que se ha planteado por las asociaciones judiciales y fiscales una serie de propuestas que ahora se avalan con las movilizaciones.
Entre las reivindicaciones están la despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un plan de inversión prolongado con incremento de la planta judicial y fiscal y creación de 300 plazas anuales durante cuatro años, la dotación de medios necesarios para la lucha contra la corrupción y para poder aplicar con una mínima seriedad y eficacia las nuevas leyes procesales como el estatuto de la víctima.
Asimismo, reclaman la creación de órganos judiciales suficientes, la dignificación de la situación de los jueces de las nuevas promociones, el adecuado proceso de digitalización "para ayudar al juez en su trabajo en lugar de dificultarlo", la eliminación "de los recortes que se han llevado a cabo durante la crisis en materia retributiva, vacaciones y permisos, etcétera".
"No son reivindicaciones caprichosas o descabelladas: las secundan miles de jueces y fiscales en toda España, y todos ellos no pueden estar equivocados", señala el manifiesto, en el que se precisa que esta movilización "no es que sea necesaria, es inevitable e incluso responsable, porque de lo contrario jamás saldremos de esta lamentable situación que lastra uno de los tres poderes del Estado en España".
El objetivo es llegar a una justicia "independiente, moderna y ágil, en la que sencillamente los jueces puedan trabajar en condiciones dignas y dedicar a cada asunto el tiempo y el estudio que merece; una justicia que no sea sólo poder del Estado sino en la que la referencia sea el ciudadano y elemento nuclear el concepto de servicio público".
Por ello, consideran "imprescindibles" las medidas de protesta "ante el autismo de los sucesivos gobiernos" y esperan contar "con la complicidad y el apoyo de los profesionales jurídicos y sobre todo de los ciudadanos", para que "piensen que, bien pensado, las reivindicaciones de los jueces en definitiva son las suyas".
