El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha ratificado su compromiso con la sostenibilidad ambiental, social y económica del sector de la chirla del Golfo de Cádiz, afectado, desde principios de año, por el cierre del caladero ante la necesidad de regeneración de la especie.
Así se lo ha trasladado a la alcaldesa de Punta Umbría (Huelva), Aurora Águedo, en el marco de una reunión en la que ha incidido en que "los tres objetivos van de la mano como una realidad indivisible: asegurar la regeneración de la especie, dar respuesta a las familias que viven de la captura de este bivalvo mientras dure el cierre del caladero y garantizar el futuro de la actividad económica", ha informado la Consejería en un comunicado.
Sánchez Haro ha reiterado además que "el caladero se reabrirá y se reanudará la actividad pesquera en cuanto así lo permitan los informes científicos" que, elaborados por el Instituto Español de Oceanografía (IEO), evalúan la situación de la especie.
En la actualidad se continúa con la recogida de muestras para estudiar la evolución de la chirla, una cuestión que se analizará este mismo mes de junio en la reunión que mantendrá el Grupo de Trabajo de Gestión de la Pesquería, constituido con la participación de la Junta y representantes del sector.
En este foro también se abordarán las condiciones de gestión del caladero para, una vez recuperada la especie, garantizar una explotación sostenible que asegure el futuro de esta pesquería.
Asimismo, durante el presente mes de junio se celebrará una reunión del otro grupo de trabajo puesto en marcha, en el que se estudiarán estrategias que permitan aumentar el valor añadido de la chirla y una mejora en su comercialización.
Sánchez Haro ha destacado que son "múltiples" los encuentros mantenidos con el sector en el marco de una "interlocución permanente" y que "seguiremos cumpliendo y llegando a los acuerdos que sean necesarios", sentido en el que ha recordado que la Consejería ha convocado una línea de ayudas dotada con 1,8 millones de euros para 2018.
"Dijimos, ante la dolorosa decisión que tuvimos que tomar en enero ante la contundencia de los informes científicos, que no dejaríamos a su suerte a las embarcaciones de draga hidráulica de los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría y Ayamonte, en Huelva, y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, ni a sus tripulantes y no lo hemos hecho", ha aseverado el responsable del Gobierno andaluz.
Ha recordado que el plazo para la solicitud de ayudas finalizó el 11 de mayo y que "sólo 18 días después, se publicó el requerimiento de subsanación de errores de las peticiones presentadas", un proceso que, como ha expuesto, se alargará hasta el 13 de junio.
