La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al doctor Eduardo Vela de los delitos de detención ilegal, suposición del parto y falsedad documental en relación a un caso de bebés robados de 1969.
En una sentencia notificada hoy, los magistrados le consideran responsable de los citados delitos, pero le absuelven al entender que están prescritos. Consideran como fecha de prescripción el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad.
Vela fue director de la clínica San Ramón, considerada el epicentro del entramado del presunto tráfico de niños. En la vista oral, el acusado negó los delitos que se le imputan y su defensa alegó prescripción, algo de lo que ya se pronunció en sentido contrario la Audiencia madrileña.
En el juicio, el fiscal mantuvo su petición de condena de once años de prisión por los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsificación de documento oficial. En su informe, destacó que el caso de Inés Madrigal, la denunciante, en este caso concreto, ha permitido conocer el fenómeno de los niños robados, ya que se trata de "un caso claro de tráfico de niños" y es un asunto merecedor de "reproche penal".
Para la fiscal, la prescripción alegada por la defensa en el juicio y en la instrucción no se da, dado que a su juicio la conducta ilícita no habría cesado. La Audiencia ya expuso en un resolución anterior que los delitos de los que se acusa al doctor Vela están vinculados al delito de falsedad, que no prescribe. Esta infracción penal se le imputa por falsificar el parte de nacimiento de la denunciante.
Inés Madrigal, presidenta de S.O.S Bebés Robados, fue la mujer que sentó a Vela en un banquillo de los acusados. En junio de 1969, nació en la Clínica San Ramón. Fue un "regalo" de Vela a su madre adoptiva, que falleció en 2013 en medio del proceso penal.
Con 18 años, sus padres le confesaron que era adoptada y en 2010, su madre le contó la verdad detrás de su nacimiento. Y lo llevaron a los tribunales. Miles de casos de bebés robados han sido archivados al estar prescritos, pero el de Madrigal siguió adelante. Su aspiración era que su caso llegue el Tribunal Supremo para que siente jurisprudencia y se reabran las causas archivadas por este motivo
