La Policía Federal de Brasil pidió que once de los investigados en un escándalo de corrupción, entre los cuales figura el presidente Michel Temer, sean imputados por la Fiscalía por los delitos de asociación para delinquir, corrupción y lavado de dinero, informaron hoy fuentes oficiales.
La petición fue hecha en el informe final que la Policía Federal entregó a la Corte Suprema sobre la investigación que realizó para verificar un supuesto pago de sobornos que salpica directamente al jefe de Estado brasileño y en el que concluyó que existen indicios contundentes contra los acusados que justifican su imputación.
Las autoridades investigan si un decreto sancionado por Temer en 2017 y que alteró la ley de puertos benefició a algunas empresas del sector, entre ellas Rodrimar, a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el propio presidente del país.
El informe final de la investigación sobre el escándalo de los puertos fue remitido al magistrado Luis Roberto Barroso, responsable del caso en la Corte Suprema, quien divulgó este martes una decisión judicial en la que dio a conocer las conclusiones de la Policía Federal.
En su resolución, el magistrado le pide a la Fiscalía que analice los indicios recogidos por la Policía Federal y determine si pide la imputación de los acusados y la apertura de un juicio o el archivo del caso.
En la lista de acusados para quienes se pide su imputación, encabezada por Temer, la Policía incluyó a una de las hijas del mandatario, Maristela Temer; al coronel retirado de la Policía Joao Baptista Lima Filho, un viejo amigo del mandatario; y al exdiputado Rodrigo Rocha Loures, quien fue asesor especial del jefe de Estado.
La Policía Federal también le pidió a la Corte Suprema que ordene la detención preventiva de Lima Filho y de otros tres investigados para evitar su posible fuga o la destrucción de pruebas.
Tras 13 meses de investigaciones, la Policía Federal concluyó que las empresas Rodrimar y Libra, dos de las beneficiadas por el decreto de Temer, pagaron a cambio millonarios sobornos mediante una operación financiera que utilizó como intermediarias empresas de propiedad de Lima Filho.
De acuerdo con la Policía Federal, las empresas del amigo de Temer financiaron, entre otras cosas, una millonaria reforma arquitectónica en la residencia de la hija del jefe de Estado que fue pagada con dinero en efectivo.
Rodrimar y Libra son concesionarias del puerto de Santos, un reducto de influencia política de Temer, y sus contratos fueron prorrogados sin contrapartida gracias al decreto del jefe de Estado.
Los investigadores tuvieron acceso a las cuentas bancarias y fiscales de todos los acusados, incluyendo las de Temer, después de que el respectivo sigilo fuera levantado por la Corte Suprema.
La Policía llegó a detener en marzo pasado a diez de los investigados, entre ellos Lima Filho y dos allegados más de Temer, pero la Fiscalía solicitó la revocación de las detenciones pocos días después.
La investigación del decreto de puertos fue abierta en septiembre de 2017 a partir de revelaciones y pruebas recogidas en acuerdos de colaboración premiada con algunos acusados.
En su defensa, enviada por escrito, el presidente alegó que su decreto no favoreció indebidamente a ninguna empresa; que jamás recibió sobornos por sus actos como gobernante y que Lima Filho no estaba autorizado a recibir dinero en su nombre.
Desde que asumió la presidencia, en 2016, Temer ha sido objeto de diversas sospechas de corrupción que incluso, en dos ocasiones, llegaron a convertirse en denuncias formales presentadas por la Fiscalía General ante la Corte Suprema.
Sin embargo, en ambos casos, la Cámara de Diputados se negó a despojarle de sus fueros e impidió la eventual apertura de un juicio penal en su contra.
Las investigaciones continúan, pero en cualquiera de los casos solamente podrán llegar a los tribunales a partir del próximo 1 de enero, cuando Temer concluirá su mandato y le entregará el poder al ganador de las elecciones que se celebrarán el 18 de octubre.
