El fiscal solicita concretamente cuatro años por la droga que se le encontró -en este caso cocaína- y otros dos años por su acto de resistencia violenta contra la autoridad.
Los hechos tuvieron lugar el 8 de junio de 2008, en la calle Burgos, de la barriada de La Bajadilla, cuando dos policías se disponían a identificar al sospechoso. Éste se puso nervioso ante la presencia de los agentes y emprendió la huida.
Según fuentes judiciales, los efectivos policiales observaron que el presunto delincuente portaba en la boca al menos cinco papelinas de cocaína.
Durante su escapada, el imputado habría golpeado en la cara a uno de los agentes, llegando a provocarle lesiones, aunque en principio no fueron de consideración. De hecho, el delito de lesiones no se incluye en el escrito de acusación del fiscal.
Venta ilegal
Asimismo, se celebró un juicio por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en el que tuvo lugar un hecho un tanto curioso. Cuando abogados y Ministerio Fiscal se disponían a refrendar en la sala de vistas un acuerdo de dos años de cárcel y comiso del vehículo intervenido, que habría servido como instrumento para cometer el delito, uno de los imputados alegó que no podía aportar el coche intervenido porque lo había vendido.
Se da la circunstancia de que el acusado había pedido por escrito la devolución del vehículo y se le concedió. Eso sí, el automóvil aún estaba en situación de depósito y, por tanto, su venta era ilegal.
Tras la confusión inicial, el juez informó a las partes de que el imputado podía ser también acusado ahora de un nuevo delito por haber vendido el coche, lo que hizo peligrar el acuerdo.
Dado que la venta del coche se había realizado por 4.000 euros en Marruecos, el abogado defensor planteó la posibilidad al fiscal de que el juicio se suspendiese y su patrocinado aportase la cantidad lograda con la venta, así como el contrato de compraventa.
Finalmente, el juez decretó que el acuerdo de conformidad se ejecutase y las penas quedasen en dos años y el citado comiso, y que en el momento de hacerlo efectivo se presentase la citada cantidad, junto con el contrato antes citado. Inicialmente, se pedía para ambos la pena de seis años de cárcel. La detención de ambos tuvo lugar el 24 de abril de 2008.
Por último, se celebraron en la Sección algecireña dos juicios por estafa y falsedad documental, llegándose, en ambos casos, a acuerdos con penas inferiores a los dos años de cárcel y una absolución.
