Desde el pasado mes de diciembre, el Centro de Menores “Juan Ramón Jiménez” de Huelva se encuentra “descabezado” y con un “vacío de responsabilidad” por la baja de su directora que, a día de hoy, aún no se ha cubierto. Ésta es la denuncia que ha realizado el sindicato CSIF que, además, ya ha elevado el caso a las delegaciones territoriales de Igualdad y de Educación. La ausencia de una persona que ejerza la dirección del centro está suponiendo “un vacío de responsabilidad que está repercutiendo gravemente en la organización y la toma de decisiones para solucionar los problemas diarios con los menores”.
Esta situación -que CSIF califica de “desamparo”- se agrava aún más teniendo en cuenta que la dirección es quien ostenta la guarda legal de los niños y los adolescentes, 24 en la actualidad, “que supone un equivalente a la custodia que ejercen padres y madres sobre sus hijos”, explica el sindicato. Por este motivo, resulta fundamental que la Administración cubra “de manera inmediata” esta plaza y asigne a alguien que ejerza esas funciones y permita garantizar el buen funcionamiento del centro y la adecuada toma de decisiones en relación a los menores.
En este sentido, CSIF asegura que se están derivando esas labores a personal administrativo que “no tiene por qué asumir estas competencias”. El sindicato asegura no entender cómo después de tres meses y medio el Centro de Menores sigue sin contar con una persona en la dirección considerando que “la propia normativa exige que la plaza se cubra de forma inmediata por la relevancia de sus funciones y la importancia de las decisiones que se tienen que tomar sobre los menores acogidos”.
Por su parte, los 54 trabajadores se encuentran “abandonados, desatendidos” y vienen asumiendo el vacío de responsabilidad que la Administración ha permitido durante más de tres meses “encontrándose con numerosas irregularidades legales por no existir ninguna persona asignada para suplir la dirección”. Por todo ello, CSIF ha exigido que se nombre “de forma inmediata” a un responsable para garantizar “las condiciones de seguridad laboral y jurídica de la plantilla del centro y de los 24 menores residentes”.
