El fiscal delegado de Menores de Huelva, Alberto Campomanes, ha manifestado que en la mayoría de los casos "es imposible tener un proyecto de trabajo con los menores extranjeros no acompañados (Menas) porque acaban fugándose del centro en el que estén". De esta forma, "se está dedicando mucho tiempo y esfuerzo que finalmente, en la mayoría de los casos, no sirve para nada, porque son muy pocos los que realmente se quedan en un sitio" y en esta situación "sí que puede haber una continuidad en el trabajo".
En una entrevista concedida a Europa Press, Campomanes ha explicado que muchas veces el motivo por el que se fugan se basa en "el rumor de que en otra provincia se está mejor" o en el "hecho de que vean que su mayoría de edad está cerca" y "quieran buscarse la vida en otro sitio a sabiendas de que cuando cumplan los 18 años la Junta de Andalucía no le va a proporcionar ese tipo de ayuda".
Asimismo, el fiscal ha explicado que un incoveniente que encuentran en la Fiscalía a la hora de proteger a los menores tiene que ver con que estos "no están privados de libertad", con lo cual "resulta muy difícil educar a un menor si no hay determinadas normas que podamos hacer cumplir".
En este sentido, la mayoría de los centros que acogen a estos menores "son de gestión privada y tienen un concierto con la Junta" y a nivel disciplinario "quizá no tengan todas las medidas a su disposición que necesitarían", ha subrayado Campomanes, para llevar a cabo una intervención adecuada, lo que se traduce en que "a veces se produzcan problemas de convivencia dentro de los centros", que desde la Fiscalía han tenido que "solucionar y atajar por la vía penal".
El fiscal también ha detallado el resto de funciones que realiza este órgano jurídico en cuanto a la protección de los menores de edad, desempeñando una labor de control "de la actividad que hace la Junta de Andalucía respecto de menores en desamparo o que podrían estarlo". Así, la Fiscalía supervisa las decisiones de los centros donde existen menores tutelados para si es necesario "impugnar las decisiones ante el Juzgado de Familia", así como "realizar visitar a los centros para inspeccionarlos" y también recibir denuncias de particulares. Además intervienen en procedimientos "como la adopción, en interés de estos menores".
Todo este servicio que realiza la Fiscalía de supervisión, control e intervención para proteger a los menores "no está recibiendo todos los recursos que necesita", circunstancia que "se ha visto agravada" según Campomanes, por "el aumento de la llegada de Menas especialmente desde el verano pasado".
