En una nota, ambos califican el escrito del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería como “un juego político” del PP y reducen su contenido a una citación para declarar. El auto dictado el pasado día 10, al que tuvo acceso Europa Press y en el que figuran sólo como querellantes los nueve trabajadores del PFEA despedidos entre 2005 y 2007, da traslado de las actuaciones a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que formulen su petición de apertura de juicio oral o sobreseimiento de la causa.
Añez y Díaz, que en el momento de los hechos ostentaban la Presidencia de la Diputación y la gestión de Plan de Fomento de Empleo Agrario, respectivamente, apuntan a una providencia dictada por el Tribunal de Cuentas que, según su versión, “dejó clara la inexistencia de supuestos constitutivos de alcance, por lo que no cabe hacer pronunciamiento alguno con respecto a la existencia de presuntas responsabilidades” para justificar el valorar el auto “como un intento de manejo político del sistema judicial”.
En esta línea, ambos políticos defienden que los nueve despidos -declarados nulos por el Tribunal Supremo, lo que obliga a readmitirlos- los “dejo en herencia” el ahora alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador y fueron objeto de querella por presunta malversación de fondos públicos a cargo de los diputados provinciales del PP, Enrique Arance y Manuel Alías.
El PAL alude otro proceso abierto en el que achacan a Aguilar “irregularidades contables que se destaparon” en la emisora pública de la Diputación Provincial (ACL), “donde el dinero fue gastado sin justificación”, afirman.
