En un verano atípico marcado por la preocupante tendencia al alza de la covid-19, los jueces se han erigido de facto en árbitros de la pandemia al tumbar en ocasiones algunas de las restricciones impuestas por las administraciones mientras otros, a pocos kilómetros de distancia, las respaldaban.
Las órdenes de ayuntamientos y Gobiernos autonómicos son revisadas por los jueces -a su juicio, a veces innecesariamente-, quienes, no obstante, asumen el desconcierto que provocan cuando desautorizan las restricciones consensuadas por las administraciones públicas, que se quedan en fuera de juego y sin capacidad de respuesta.
Pero los magistrados tienen claro el origen de la discrepancia: la "falta de previsión" del legislador desde el inicio del estado de alarma para reformar la Ley de Salud Pública de 1986, que tildan de "caduca y obsoleta" para adaptarla a una situación 'ex novo' como es la covid-19, cuando esta norma se pensó para enfermos concretos y no para la mayor pandemia que ha conocido la humanidad en décadas.
LEYES QUE NO SIRVEN PARA UNA PANDEMIA
"No han pensado un esquema de medidas legales para cuando terminara el estado de alarma", señalan a Efe fuentes jurídicas que reconocen que las contradicciones entre los jueces a la hora de interpretar la ley pueden resolverlas las CCAA, precisamente, a través de la declaración del estado de alarma en sus regiones, como les recordó esta semana el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
Y más aún cuando someter las decisiones en materia sanitaria al control de la autoridad judicial no es siempre obligatorio, como recoge la Ley de lo Contencioso Administrativo, el otro origen de los males. Solo si afectan a derechos fundamentales no hay duda, se revisan, pero en ocasiones ayuntamientos y CCAA buscan la ratificación del juez para curarse en salud ante la opinión pública, aunque a veces la jugada les salga mal.
Porque los magistrados se amparan en la vulneración de derechos fundamentales para tumbar algunas restricciones, e, incluso, alegan que en ese lugar en concreto la evolución epidemiológica no va tan mal, lo que genera incertidumbre entre la población que ve como los poderes públicos discrepan de las cifras de la crisis.
PROHIBIDO EN UNA CIUDAD Y PERMITIDO EN OTRA
Las prohibiciones afectan a los aforos en bares, restaurantes y actos religiosos, fumar en la vía pública, cierre del ocio nocturno, el uso obligatorio de mascarillas, cierre de parques y jardines o las salidas de residentes de centros sociosanitarios.
El desajuste es tal que las restricciones que se prohíben en una ciudad están vigentes sin problema legal alguno en otra; y aunque la situación epidemiológica no es la misma en cada lugar, medidas como el uso de la mascarilla son homogéneas en todos los rincones del país, por eso su prohibición a nivel local resulta contradictoria.
Así sucedió en Campo de Criptana y Alcázar de San Juan (Ciudad Real). En sendas localidades, un juez desautorizó varias de las medidas adoptadas por el Gobierno regional, entre ellas, el uso obligatorio de mascarillas en cualquier espacio, la prohibición de fumar en terrazas independientemente de la distancia, no permitir salidas de residentes de centros socio-sanitarios salvo razones de fuerza mayor o la suspensión de las actividades colectivas de ocio.
Argumentó que estas medidas no reúnen los requisitos mínimos de proporcionalidad y vulneran de manera absoluta derechos fundamentales sin la debida justificación y motivación. Esto sucede en dos municipios donde se detectaron contagios comunitarios.
Más controvertida fue la decisión que afecta a Terrassa (Barcelona). Un juez revocó las restricciones de aforo de la Generalitat al señalar que no veía "razón objetiva" ya que la evolución epidemiológica de esta población era, en su momento, "positiva" en "líneas generales".
Pero para polémica la de Madrid, que adquirió tintes políticos y mediáticos, donde un juez no ratificó la orden que, entre otras medidas, prohíbe fumar y cierra el ocio nocturno. Atónito, el Gobierno autonómico pidió una aclaración, máxime cuando es una medida consensuada por todas las CCAA.
El juez dijo que no había nada que aclarar pero días después acudió a los medios para precisar que la orden seguía vigente y que él no había prohibido nada. El TSJM le ha enmendado al anular su auto y ratificar las restricciones ya que no requieren autorización.
LOS JUECES SE DEFIENDEN. SOLO CUMPLIMOS LA LEY
Todas estas decisiones ponen al fin y al cabo a los jueces en el punto de mira, pero desde las asociaciones judiciales niegan que estén gestionando la pandemia: solo cumplen con la ley.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) piden a la ciudadanía que entienda que "si una resolución de la autoridad sanitaria está sometida a control judicial es porque la ley así lo dice" pero rechazan que se les acuse de "falta de compromiso" en la lucha contra la pandemia cuando tumban una restricción acordada por la administración. "Nuestra obligación no es colaborar sino aplicar la ley", dicen.
La Asociación Francisco de Vitoria admite que en este escenario "existe un riesgo evidente de que los jueces se conviertan en el chivo expiatorio de la pandemia" y todo porque conviven con "una legislación genérica que no puede dar respuesta a un asunto sin precedentes" y genera "demasiada interpretación".
Tampoco ayudan, dicen en Juezas y Jueces para la Democracia, la forma en que las CCAA remiten los asuntos. "Piden la ratificación mal, de forma inadecuada o sin enviar datos", afirman, lo que no impide que los vean como los árbitros de la pandemia. "Eso ya lo hemos asumido, al final todo se judicializa, es el verano de la ratificación o la no ratificación".
Aunque el Foro Judicial Independiente añade un matiz. "El ciudadano no lo ve pero el control judicial es una garantía. Ahora son medidas lógicas, pero otras veces pueden ser abusivas".
