La Fiscalía pide sendas penas de tres años y seis meses de prisión para dos hombres acusados de delitos de estafa sobre vivienda supuestamente cometidos sobre dos personas con las que concertaron un contrato de arrendamiento de vivienda con opción a compra. El juicio se prevé celebrar el día 24 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba.
Según recoge la calificación del Ministerio Público, uno de los procesados era el administrador único de una entidad, también acusada, desde su constitución en junio de 1999 y el objeto social era la ejecución de toda clase de operaciones inmobiliarias, mientras que el segundo acusado actuó como apoderado de la citada entidad.
Al respecto, en enero de 2012, los procesados, actuando en nombre y representación de la entidad, presuntamente concertaron dicho contrato con dos clientes sobre un inmueble en la capital, "siendo obligación de los arrendadores satisfacer la cantidad de 450 euros en concepto de alquiler y opción a compra".
En este caso, el fiscal detalla que para el supuesto de que los arrendatarios quisieran ejercer su derecho a adquirir la propiedad de la vivienda arrendada, el contrato estipulaba que la vivienda habría de entregarse libre de cargas y gravámenes, así como al corriente del pago de todo tipo de impuestos y arbitrios.
En concreto, el precio total que se fijó para la compra fue de 100.000 euros con descuento de las cantidades pagadas por el arrendatario hasta el momento del ejercicio de la opción, que desde febrero de 2012 hasta enero de 2014 alcanzó la cantidad de 16.423,68 euros.
No obstante, a partir de mayo de 2012, los acusados "dejaron de pagar la hipoteca que gravaba la vivienda del arrendamiento, lo que dio lugar a que la entidad que había financiado la construcción instara un juicio hipotecario, en el que se celebró subasta en marzo de 2016, habiéndose adjudicado la finca a la propia entidad ejecutante".
En este sentido, el Ministerio Público explica que los procesados, "de común acuerdo y guiados por el ánimo de obtener un ilícito beneficio, ocultaron a los arrendadores el impago de la hipoteca y el consiguiente procedimiento de ejecución, haciendo suyas todas las cantidades que los afectados habían ido abonando con destino al descuento que habría de aplicarse sobre el precio de adquisición de la vivienda, al tiempo de ejercitar el derecho de opción a compra".
Además, el fiscal precisa que ello lo hicieron "a sabiendas de que dicho derecho no podría hacerse efectivo en su momento como consecuencia del embargo y posterior ejecución sobre la vivienda objeto del contrato".
Junto a la pena de prisión para los dos acusados, el Ministerio Público solicita para la entidad procesada una pena de multa de 65.694,72 euros.
