Le rebajan más de 2 años la pena tras defraudar más de 1,1 millones en pago de impuestos

La Audiencia Provincial de Huelva ha rebajado de cuatro años y once meses a dos años y seis meses la pena de prisión al administrador de una empresa de reparaciones y explotación agrícola acusado de defraudar más de 1,1 millones de euros en pagos de impuestos como el IVA durante varios ejercicios.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, estima el recurso de casación interpuesto por este y un segundo acusado contra el fallo condenatorio del Penal 4 de Huelva por delitos de defraudación de la Hacienda Pública, el cual revoca por considerar que el juez de instancia que la pena impuesta no está debidamente motivada, reduciéndola al mínimo legal; además aplica la atenuante de dilaciones indebidas, por el tiempo transcurrido en la tramitación de la causa.

Esto implica que para el segundo acusado la condena pase de dos años y once meses a un año y seis meses.

Mantiene la responsabilidad civil, teniendo el administrador de la empresa que abonar a la Hacienda Pública la cantidad de 1.107.928,4 euros de que el segundo acusado responderá conjunta y solidariamente en 355.599,42 euros y la absolución de los delitos de falsedad documental por prescripción de los mismos.

Se considera probado que uno de los acusados era administrador único desde 1999 de una empresa de reparaciones, explotación productos hortofrutícolas, de fincas rústicas y el alquiler de edificios, que se incluyó en el Plan de Inspección de Hacienda en el programa relativo a la devolución de impuestos como el IVA o el de Sociedades de varios años.

En el marco de dicha inspección, el Servicio de Gestión Tributaría observó graves irregularidades en facturas aportadas por el acusado de 17 empresas para aportar la justificación documental de sus supuestos gastos y contratos.

Dichas empresas, que no hablan realizado negocio alguno la suya, y mucho menos habían facturado por los trabajos inexistentes, aparecían como emisores de unas facturas que le proporcionó el otro acusado a fin de que éste pudiera llevar a cabo las operaciones fraudulentas de cara a no atender con sus obligaciones fiscales, percibir cantidades indebidas o dejar de ingresar lo realmente adeudado, logrando defraudar más de 1,1 millones de euros.