Sole ha vuelto a colocarse hace poco en un salón de belleza en Puerto Real, pero le “ha costado dios y ayuda” desde que perdió su empleo en un establecimiento en la capital con la irrupción del Covid-19. “Tenía un contrato temporal, no pude acogerme al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), fui la primera de la plantilla en irme a a calle”, relata. El levantamiento de restricciones y el verano, temporada que tradicionalmente genera más actividad en el sector, dan un respiro a los profesionales, muy afectados por la crisis sanitaria. Pero autónomos, empresarios y trabajadores “están teniendo verdaderas dificultades para seguir adelante”, sostiene. Llueve sobre mojado. Las consecuencias económicas de la pandemia se suman a los estragos causados por la subida del IVA decretada por el Gobierno del PP en 2012 de manera temporal, según el compromiso adquirido entonces, que nunca cumplió el presidente Mariano Rajoy y que tampoco ha llevado a cabo el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos pese a que ambas fuerzas se comprometieron a situarlo en el 10%.
Las movilizaciones han permitido ganar hasta cuatro votaciones en las Cortes sobre la bajada del impuesto en los últimos dos meses. La última de ellas, en el Senado, se ha topado con el veto de la presidenta de la Cámara Alta, la socialista Pilar Llop. “El veto no tiene no tiene fundamento alguno porque la reducción propuesta no afectaría a los presupuestos generales de este año”, argumento que usa el PSOE para justificar la polémica decisión, explica el gaditano Daniel Orego, portavoz de la Plataforma por la imagen personal Creer en Nosotros. “Se habría hecho efectiva a partir de 1 de enero de 2022”, añade e insiste en que es necesaria para evitar una escabechina laboral en un sector con más de 20.000 salones en toda España y 47.000 trabajadores que soporta una caída de la facturación cercana al 40% en los últimos 16 meses.
El estudio elaborado por la Alianza por la Bajada del IVA al 10% a peluquería y estética y la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, asegura que se salvaría el 50% de las micropymes amenazadas y estima que dispararía la recaudación a 160 millones si se baja el IVA frente a los 14,3 millones si se mantiene en el 21%.
Javier Torres, fundador de la organización Creer en Nosotros, admite que el colectivo está desesperado y se preguntá qué más se puede hacer, pero no se da por vencido. Al término de la enésima protesta frente al Congreso, celebrada la semana pasada en el marco de la campaña Rebelión de las tijeras rotas, avanza, no obstante, que los profesionales barajan celebrar una nueva concentración en julio en acto único pero garantiza que, si el PSOE insiste en no ceder, “volveremos a las calles en septiembre en todas las ciudades”.
