Tribunales militares han dictado 65 penas de muerte "en juicios injustos" desde el golpe de Estado del 1 de febrero en Birmania, denuncia este miércoles la organización garante de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Las sentencias han sido impuestas en Rangún, donde la junta militar impuso desde marzo en varios municipios la ley marcial para aplacar el enorme movimiento de oposición, contra 26 personas que permanecen arrestadas y 39 condenados en rebeldía.
Bajo la ley marcial birmana hasta 23 delitos pueden ser castigados con la pena capital, entre ellas el asesinato y otros cargos designados por la junta militar, la mayoría no castigados con la muerte por los tribunales civiles.
"La junta militar birmana ha añadido docenas de condenas de muerte a través de juicios atrozmente injustos a los disparos (realizados por las fuerzas de seguridad) contra las masivas manifestaciones", señala Shayna Bauchner, investigadora para Asia de HRW.
A pesar de que la legislación birmana mantiene la pena capital y se ha dictado previamente varias condenas, el país no ejecuta a nadie desde 1988, apunta la oenegé.
“Estos falsos tribunales militares están imponiendo sentencias de muerte injustas e inapelables bajo la dirección de un comandante sancionado por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países por cometer los peores crímenes según el derecho internacional”, dijo Bauchner en referencia al líder de la junta, Min Aung Hlaing.
La investigadora de HRW pide la "liberación inmediata" de todos los detenidos de manera injustificada tras el golpe de Estado y que la comunidad internacional aumente su presión para que la junta militar sepa que "está siendo observada".
Tras mas de cinco meses y medio de la sublevación castrense, la junta no ha logrado controlar todo el país a pesar de la brutal represión contra la disidencia que ha dejado al menos 922 muertos a raíz de la violencia desatada por las autoridades, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y cuyos resultados fueron avalados por los observadores internacionales.
